COMUNICADO DE PRENSAEn el Día Internacional de las Personas con Discapacidad
FAMMA-Cocemfe Madrid reivindica una Ley de Autonomía Personal que mejore la integración de las personas con discapacidad
Con motivo de la celebración del Día Europeo e Internacional de las Personas con Discapacidad, la Federación de Asociaciones de Minusválidos Físicos y Orgánicos de la Comunidad de Madrid (FAMMA-Cocemfe Madrid) quiere reivindicar ante las administraciones y ante la sociedad la situación de los más de 3,5 millones de personas con discapacidad que viven en España.
Además, en pleno proceso de formulación de la Ley de Autonomía Personal por parte de los poderes públicos, la Federación manifiesta las demandas más urgentes a tener en cuenta para que la nueva norma sea efectiva a la hora de mejorar la calidad de vida de este colectivo.
Las personas con discapacidad necesitan conseguir su plena autonomía personal desde todos los ámbitos de la vida, no sólo a la hora de realizar sus tareas diarias más básicas, sino también a la hora de recibir una formación adecuada que les permita acceder al mercado laboral o al participar de forma activa en la sociedad. Por ello, se requiere una ley no electoralista y si integradora que garantice la accesibilidad a los servicios, un aumento de las ayudas ortoprotésicas acordes con las necesidades de cada persona, que establezca la cobertura de los mismos y asegure su calidad.
La Federación considera necesario abordar esta ley con la seriedad que requiere un sistema de prestaciones, asistencia y sostenibilidad, teniendo, además en cuenta el futuro. La regulación de la dependencia entraña una gran complejidad, tanto por la implicación de la Administración central como de las correspondientes autonomías.
El trabajo para llevar a cabo la ley es arduo y estima importante hacerlo con precisión, definiendo primero los aspectos que se van a contemplar, los servicios que preste, así como, la cuantía económica que reciban cada una de las prestaciones y si el discapacitado en estos casos pueda decidir o no sobre el servicio que le presten.
Insistimos en un pacto autonómico entre partidos políticos para la mejora de las políticas sociales de nuestro colectivo que no se utilice como arma política, sino que responda a todos y cada uno de los intereses de las personas dependientes, previendo las posibles rectificaciones antes de ser aprobada para no tener que ser modificada constantemente en el futuro.
Asimismo, FAMMA-Cocemfe Madrid destaca la necesidad de que la futura ley no se convierta sólo en un proyecto electoralista sino que sirva para que el Estado sea el máximo responsable a la hora de velar y cubrir los intereses de las personas dependientes, de establecer las prestaciones económicas y los servicios correspondientes.
Queremos una ley que garantice la continuidad de los servicios, una ley basada en el principio de la lógica y la equidad entre las distintas comunidades autónomas que sea justa y sobre todo solidaria.
La universalidad de los servicios para las personas con discapacidad, y el derecho subjetivo a los mismos, continúa siendo uno de los principales anhelos del movimiento asociativo. Entendemos que todas las personas con discapacidad deben disponer de los servicios que les correspondan, y con especial interés, las más vulnerables de nuestro colectivo, nuestros niños, nuestra juventud como pilares de nuestro futuro y por lo tanto de nuestra existencia. Hablamos de la mejor calidad de vida desde la atención temprana, de su mayor formación a todos los niveles, sin la falta o perdida de apoyos para empezar a estudiar, continuar con sus estudios y también terminarlos. No tiene sentido alguno que las ayudas a la educación se corten a partir de la enseñanza obligatoria y obligue a estas personas que quieren ser parte activa de la sociedad, que marcarán nuestro futuro, al aislamiento y a la desmoralización social y personal.
Creemos esencial la necesidad de formación de los profesionales sanitarios a la hora de diagnosticar una discapacidad; una revisión del catalogo ortoprotésico, ayudas técnicas y de los procedimientos administrativos relacionados, queremos también, la eliminación de barreras en los servicios médicos.
En empleo exigimos el cumplimiento de la cuota reserva de plazas de empleo público para personas con discapacidad; una mejora de la accesibilidad en el transporte público y el seguimiento y mantenimiento de las mejoras en este campo que se han realizado hasta el momento, un empleo que debe ir acompañado con una buena y continua formación, la accesibilidad a de ser el referente para integrar a toda la sociedad ahora y siempre, basada fundamentalmente en el diseño para todos, en la cultura, reclamamos una mayor facilidad de acceso a todo tipo de discapacidades. El fomento de la participación de personas con discapacidad en las actividades culturales, deportivas, de ocio y tiempo libre, ha de contemplar medidas importantes de acceso gratuito así como el impulso de la práctica del deporte adaptado y una reserva importante de ayudas que demuestren por parte de las administraciones querer integrar.
Requerimos de la Administración Autonómica y Local una solución inmediata al conflicto creado por las distintas modalidades de tarjetas de aparcamiento que actualmente están en vigor en nuestra región, dado que son incompatibles y provocan discriminación.
Con la aportación del movimiento asociativo se pretende que el objetivo de la nueva ley sea atender desde todos los frentes a los familiares y a las personas con discapacidad para procurarles la mayor autonomía en su vida diaria y, de esta forma, se convierta en una norma que redunde en beneficio de toda la sociedad en el futuro.
Este colectivo debe gozar de los mismos derechos y libertades fundamentales que el resto de la sociedad, en condiciones de igualdad. Las personas con discapacidad no deben sufrir ningún tipo de discriminación, distinción o exclusión que pueda deteriorar el disfrute de sus derechos humanos.
Por ello, es necesario que los poderes públicos tengan en cuenta la accesibilidad de a la hora de diseñar las ciudades, y que garanticen el derecho de este colectivo a tener una vivienda digna, adecuada a sus necesidades especiales.
Por otro lado, las personas con discapacidad tienen derecho a recibir una educación en condiciones de integración y adaptada a las situaciones individuales de cada una de ellas, para así facilitar su posterior inserción en el mercado laboral. Como trabajadores, deberá facilitárseles el acceso a un empleo que se ajuste a sus capacidades, del que habrán de percibir un salario igualitario que les permita disfrutar de una seguridad económica y social, y tener un nivel de vida adecuado.
Madrid, 2 de diciembre de 2005