Los accidentes de tráfico son una lacra en todas las sociedades modernas.
Cada año alrededor de 95.000 personas mueren en la carretera, el 37%
de los siniestros se debe al exceso de velocidad. Casi siempre las cifras
que se dan a conocer son las de aquellos que desgraciadamente pierden
la vida pero también muchas personas adquieren una discapacidad a raíz
de una imprudencia al volante. Se calcula que una de cada 10 camas de
los hospitales está ocupada por una víctima de un siniestro en la carretera.
Según datos del Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo, el 50%
de los lesionados medulares en nuestro país, lo son a causa de un accidente
de tráfico y además el 80% de ellos corresponde a jóvenes con edades
comprendidas entre los 15 y 25 años. Desde este centro sanitario se
afirma que las imprudencias en carretera deben ser tratadas como otra
‘patología’ más. Es sorprendente que la tecnología respecto a los automóviles
cada día es más sofisticada y las carreteras han mejorado considerablemente
en los últimos años, Sin embargo, reducir las cifras de accidentes supone
un verdadero reto que parece ser independiente de los avances técnicos.
El nuevo carnet por puntos se presenta, por tanto, como una necesidad
social que llega para mentalizar a los conductores de que mientras se
conduce un coche, no sólo se pone en peligro la propia vida, también
la de los demás. La posible pérdida del carnet es una medida más efectiva
que las clásicas multas por dos factores, en primer lugar por el temor
a perder la licencia y en segundo porque tiene un carácter reformatorio
más allá de las sanciones económicas.
Esta modalidad del permiso de conducir se ha implantado con éxito
en otros países de nuestro entorno. Por ejemplo, en Reino Unido lleva
en marcha desde 1982 y en Francia desde 1992 además de Alemania, Italia
o Luxemburgo. En todos ellos se ha conseguido disminuir la siniestralidad
en las carreteras, en ocasiones hasta un 17%.
Desde que se conoció el interés del Gobierno por implantar en España
el carnet por puntos, el movimiento asociativo y en particular FAMMA-Cocemfe
Madrid han luchado para que las personas con discapacidad no se encontrasen
discriminadas.
Sin embargo, la Federación en su lucha por velar por los derechos
de las personas con discapacidad, exige y ha exigido siempre que aquellos
conductores insolidarios que aparcasen en plazas reservadas al colectivo,
en rebajes de aceras o pasos de peatones fuesen penalizados con pérdida
de puntos. En este aspecto, el texto no clarifica si aparcar en las
plazas destinadas a las personas con movilidad reducida sin la tarjeta
correspondiente será sancionado con una reducción del saldo de puntos
puesto que no significa un riesgo para la circulación.
Según la Federación, esta ausencia de penalización puede provocar
que conductores insensibilizados con los problemas de movilidad del
colectivo, aparquen en lugares necesarios para facilitar el acceso y
transporte de las personas con discapacidad. A este respecto, el presidente
de FAMMA-Cocemfe Madrid, Javier Font, considera que “la nueva Ley debería
haber servido para aprender de los errores y haber sido aprovechada
como un instrumento para estipular explícitamente una prohibición porque
si no la sociedad no terminará nunca de comprender que con un solo gesto
están dificultando la accesibilidad y la libertad de movimiento de este
colectivo”.
Además, en la Comunidad de Madrid esta problemática se une a las
reivindicaciones sobre la tarjeta de aparcamiento. El consistorio madrileño
ha aprobado una tarjeta que sólo es válida en Madrid capital y por lo
tanto imposibilita a las personas con movilidad reducida para desplazarse
a otros municipios, aún cuando la Unió Europea recomienda la utilización
de una identificación a nivel comunitario.
FAMMA–Cocemfe Madrid es una entidad sin ánimo de lucro que agrupa
a más de 40 asociaciones y representa a más de 35.000 personas. Al ser
la interlocutora de la discapacidad física y orgánica ante la Administración
y el movimiento asociativo, reivindica y gestiona actuaciones y servicios
a favor del colectivo al que representa. Esta entidad ha sido declarada
de Utilidad Pública por el Ministerio del Interior.