Las personas con discapacidad, 3,5 millones en España y un 10% en
la Unión Europea, cada vez participan más en actividades turísticas,
gracias al trabajo de muchas personas que luchan por su integración
en todos los aspectos de la sociedad. Aún así, el colectivo ve
vulnerado su derecho a disfrutar del tiempo libre en numerosas
ocasiones.
A pesar de que paulatinamente, se adaptan ciertas instalaciones,
los impedimentos, barreras y dificultades persisten. Este hecho
supone una doble limitación, por una parte las personas con
discapacidad ven reducidas sus oportunidades de ocio, pero por otra
el mercado turístico ignora un sector de la población que puede
convertirse potencialmente en cliente habitual de operadores y
agencias de viajes. Más aún, cuando se calcula que las
personas con discapacidad viajan un 7% más que las personas que no
tienen ninguna discapacidad. Además, el gasto por turista es más
elevado, especialmente por la necesidad de un alojamiento adaptado
que eleva el coste de las vacaciones. Sin embargo, las
necesidades del colectivo pasan desapercibidas para la mayoría de
ellos, ya que se estima que un 80% de estas empresas no cuenta con
ofertas turísticas accesibles. Al respecto Javier Font,
Presidente de la Federación declara que “La falta de formación
e información dificulta el disfrute vacacional de las PCD en sus
lugares de descanso y ni tan siquiera garantiza su bienestar lo que
puede convertir su estancia en una verdadera odisea”.
El mayor inconveniente que se plantea para las personas con
movilidad reducida en este aspecto son las barreras arquitectónicas
que dificultan actuaciones tan sencillas y elementales para los
demás como acceder a un baño, subirse a un avión, bañarse en una
piscina o transitar por un paraje natural. Si tomamos como
referencia, las ciudades de Madrid y Barcelona, que son las que
disponen de mayor oferta hotelera, sólo el 8% de los recintos sería
completamente accesible mientras que el 20% sería practicable con
ayuda de una tercera persona, en cualquier caso, una mínima parte de
los alojamientos. Además, la ausencia de unas instalaciones
adecuadas a las necesidades de las personas con movilidad reducida
provoca que a veces se llegue a situaciones incómodas. La
falta de entradas accesibles provoca que una persona que utilice
silla de ruedas tenga que acceder al recinto por lugares poco
usuales como la entrada a la cocina, o por sitios habilitados para
la carga y descarga de mercancías.
Pero, la ausencia de atención a las personas con discapacidad
también se hace latente en los recursos humanos. Generalmente, las
instalaciones turísticas a menos que se dirijan especialmente al
colectivo no cuentan con personal cualificado para atender las
demandas de estas personas. Es más, la falta de previsión y el
desconocimiento hace que los empleados de aerolíneas, hoteles o
balnearios se encuentren desorientados frente a una persona con
discapacidad, con las consiguientes molestias que esto ocasiona para
el usuario. A este respecto, Javier Font considera que “el
sector turístico, ya sea público o privado, debería hacer un
esfuerzo por elaborar planes de formación específicos dirigidos a la
atención de personas con discapacidad, un beneficio que revierte en
el colectivo pero también en el propio negocio, ya que incorpora un
nuevo público entre sus consumidores.”
Esta reclamación de la Federación se dirige tanto a los poderes
públicos, que son responsables de la accesibilidad de playas,
parques naturales y el patrimonio cultural, como al sector privado
que desde la aprobación de la Ley de Igualdad de Oportunidades y No
Discriminación en 2003 está obligado a garantizar el acceso a estos
servicios en las mismas condiciones en las que se ofrecen al resto
de los ciudadanos. Por lo tanto, el incremento de la oferta
turística accesible debe considerarse como un ejercicio de
responsabilidad social, una oportunidad de negocio y una ventaja
competitiva para los productos y servicios que se prestan.
FAMMA–Cocemfe Madrid es una entidad sin ánimo de lucro que agrupa
a 39 asociaciones y representa a más de 35.000 personas. Al ser la
interlocutora de la discapacidad física y orgánica ante la
Administración y el movimiento asociativo, reivindica y gestiona
actuaciones y servicios a favor del colectivo al que representa.
Esta entidad ha sido declarada de Utilidad Pública por el Ministerio
del Interior.