La primera convención internacional de los Derechos de las
Personas con Discapacidad de la Organización de Naciones Unidas
(ONU) supone un paso adelante, al menos, en el reconocimiento de que
las personas con discapacidad merecen las mismas oportunidades que
el resto de los miembros de la sociedad. Pero este texto demuestra
que la legislación también debe adaptarse a las necesidades
especiales del colectivo. Los estudios comparativos relativos a las
leyes de cada estado indican que tan sólo 45 países cuentan
normativa específica contra la discriminación de las personas con
discapacidad por lo que la futura Declaración de Derechos de las
personas con discapacidad viene a llenar un vacío legal considerable
en la mayor parte de las naciones.
Según Javier Font, Presidente de FAMMA-Cocemfe Madrid “El
proyecto de la ONU es totalmente loable pero es imprescindible la
creación de un órgano internacional que vele por los derechos de las
personas con discapacidad a través de mecanismos y medidas
concretas”.
En todo el mundo existen 650 millones de personas con
discapacidad, es decir, un 10% de la población global, pero los
datos aumentan cada año debido al envejecimiento generalizado y
otros factores como los accidentes de tráfico. La situación de estas
personas depende en gran medida del lugar geográfico donde hayan
nacido. El 80% de las personas con discapacidad vive en los países
en desarrollo. A este respecto, el Presidente de la Federación,
Javier Font, señala que “las medidas deberán implantarse en nuestro
país, en Europa y de manera muy especial en los países en vías de
desarrollo, donde el colectivo se encuentra más desprotegido a causa
de su vulnerabilidad”.
Instituciones como el Banco Mundial han publicado cifras a este
respecto. Se calcula que el 20% de los más pobres del planeta se
encuentra afectado por la discapacidad, y dentro de sus propias
comunidades, estas personas, son consideradas como los individuos en
situación más desventajosa.
La iniciativa tomada en la ONU representa un cambio en la
mentalidad común, ya que los países demuestran una afirmación del
potencial de las personas con discapacidad. Se ha demostrado en
numerosas ocasiones que cuando se ponen en marcha políticas de
integración social y laboral, el colectivo es capaz de participar
completamente en la vida de la comunidad y de generar riqueza
económica y valores educativos. De esta forma el colectivo
contribuye a mantener los sistemas que forman una nación.
Los objetivos del Tratado, que tendrá que ser aprobado por la
Asamblea General de la ONU y ratificado por los países miembro de la
organización, pretenden aliviar esta situación a través de
iniciativas específicas tan necesarias como la promoción de las
personas con discapacidad en el acceso a la información y a sistemas
de salud adecuada. Por otra parte, el texto considera la
accesibilidad como un requisito fundamental para garantizar la
movilización del colectivo y como un beneficio que repercute en toda
la sociedad.
De momento, la convención se plantea como un instrumento
vinculante para que los Gobiernos pongan en marcha reformas
legislativas que mejoren y faciliten la educación y la inserción
laboral del colectivo pero aún así es necesario que todos los
políticos adquieran este compromiso como una prioridad durante la
duración de sus legislaturas y no solamente en campaña electoral.
Además, desde las instituciones internacionales será imprescindible
que se revise cada año el cumplimiento de la norma.
El próximo texto será la conclusión de un largo trabajo de todas
las asociaciones, federaciones y personas que trabajan para mejorar
la calidad de vida de las personas con discapacidad. El proceso
comenzó a finales de los años 50 con cuestiones relativas al
bienestar que poco a poco evolucionaron hasta la petición de la
máxima integración de las personas con discapacidad en todos los
aspectos de la sociedad.
FAMMA–Cocemfe Madrid es una entidad sin ánimo de lucro que agrupa
a más de 40 asociaciones y representa a más de 35.000 personas. Al
ser la interlocutora de la discapacidad física y orgánica ante la
Administración y el movimiento asociativo, reivindica y gestiona
actuaciones y servicios a favor del colectivo al que representa.
Esta entidad ha sido declarada de Utilidad Pública por el Ministerio
del Interior.