Desde hace muchos meses La Federación de Personas con
Discapacidad Física y Orgánica de la Comunidad de Madrid,
FAMMA-Cocemfe, viene reclamando que la tarjeta de aparcamiento
establecida por el Ayuntamiento de la Capital no está adaptada a las
necesidades reales del colectivo. La Federación estima que la
entrada en vigor de la Ley de Capitalidad obliga al Ayuntamiento de
Madrid a dictar una nueva normativa que se ajuste a las demandas de
las personas con discapacidad.
Tal y como está establecido en la actualidad, la tarjeta de
estacionamiento madrileña para personas con movilidad reducida sólo
permite aparcar en el propio Municipio de Madrid mientras que la
Comunidad y la Federación Madrileña de Municipios firmaron un
acuerdo mediante el que se adscriben a la tarjeta de estacionamiento
europea, según una recomendación del Consejo europeo con fecha 4
de junio de 1998. En este documento, el mencionado Consejo señala
que en muchas ocasiones la utilización de un medio de transporte
distinto al público es para muchas personas con discapacidad la
única fórmula para desplazarse de manera autónoma con vistas a su
integración profesional y social.
Además, la identificación actual del Consistorio madrileño limita
el tiempo del aparcamiento, discrimina a algunos sectores de la
discapacidad como las personas transplantadas de corazón o riñón.
Por otra parte obvia las necesidades de miles de afectados que
requieren la atención de una tercera persona para trasladarse y por
último, la tarjeta prima las características del vehículo sobre la
persona. Es decir, la tarjeta no puede ser utilizada por un
coche distinto del habitual, lo que ocasiona grandes incomodidades.
Además, el Consistorio de la capital no ha establecido un
criterio concreto en la adjudicación de esta identificación y muchos
afectados que tienen desde años esta tarjeta han visto denegadas sus
peticiones de renovación.
A este respecto FAMMA considera que la Ley de Capitalidad y
Régimen especial de Madrid que se publicó en el BOE del miércoles 5
de julio de 2006 obliga al ayuntamiento a modificar la situación
actual ya que esta normativa recoge en la disposición adicional
quinta lo siguiente ‘Las tarjetas de estacionamiento para
personas con discapacidad emitidas por las autoridades municipales
con arreglo al modelo establecido en la Recomendación 98/376/CE del
Consejo, de 4 de junio de 1998, sobre la creación de una tarjeta de
estacionamiento para personas con discapacidad, tendrán validez en
todo el territorio estatal con independencia del municipio de
procedencia del titular’. Por lo tanto, de esta Ley se
desprende que el Ayuntamiento de Madrid debería ceder a las
peticiones de los ciudadanos con discapacidad y adoptar el modelo
europeo, al igual que ha sucedido en el resto de la Comunidad.
Especialmente, cuando el Gobierno Central y el Ayuntamiento de
Madrid se han mostrado conformes en los pasos previos y el proceso
de esta Ley que regula las características especiales de la capital
por ser la sede de las instituciones del Gobierno Central y las
particularidades que se derivan de ello, como una flota considerable
de vehículos oficiales y de las personas que vienen de fuera por
motivos turísticos o económicos.
Desde la Federación, se considera que el Gobierno debe tener
sus instrumentos para ejercer la política pero, no es justo que las
incomodidades que esto provoca, las acusen los ciudadanos y menos un
colectivo desfavorecido como son las personas con discapacidad’.
Según considera Javier Font, Presidente de FAMMA-Cocemfe ‘nos
parece razonable que la Ley de Capitalidad regule las
características especiales de Madrid como capital del Estado pero
también que se facilite la vida a los madrileños, en general y de
las personas con discapacidad en particular que sufren muchas
consecuencias de vivir en la capital, al contrario de los que muchos
piensan’.
La nueva normativa señala un plazo de seis meses para que el
Ayuntamiento de Madrid ponga en marcha las reformas necesarias para
adaptarse a la Ley, pero de momento las personas con discapacidad
siguen sin ver garantizados sus derechos. La Ley de Capitalidad
establece que ‘las singularidades de Madrid reclaman un tratamiento
legal especial que haga posible un Gobierno municipal eficaz’. Sin
embargo, no tiene en cuenta las consecuencias que pueden sufrir los
ciudadanos.
Además, la disposición adicional cuarta de la Ley 19/2001 de 19
de diciembre, de reforma del texto articulado sobre tráfico,
circulación de vehículos a motor y seguridad vial, aprobado por Real
Decreto Legislativo 339/1990 de 2 de marzo establece que ‘los
municipios deberán adoptar las medidas necesarias para la concesión
de la tarjeta de estacionamiento para personas con discapacidad con
problemas graves de movilidad y para la efectividad de los derechos
que derivan de la misma, teniendo en cuenta la Recomendación del
Consejo de la Unión Europea’.
Por último, la Federación considera urgente la implantación de
una nueva tarjeta de aparcamiento que incorpore las reivindicaciones
del movimiento asociativo en cumplimiento de la Ley de Capitalidad y
el resto de normativa vigente.
FAMMA–Cocemfe Madrid es una entidad sin ánimo de lucro que agrupa
a más de 40 asociaciones y representa a más de 35.000 personas. Al
ser la interlocutora de la discapacidad física y orgánica ante la
Administración y el movimiento asociativo, reivindica y gestiona
actuaciones y servicios a favor del colectivo al que representa.
Esta entidad ha sido declarada de Utilidad Pública por el Ministerio
del Interior.