FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD FÍSICA Y ORGÁNICA DE LA COMUNIDAD DE MADRID

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Las barreras físicas discriminan y excluyen a las personas con discapacidadEl Comité de Entidades de Representantes de Personas con Discapacidad de la Comunidad de Madrid, Cermi Comunidad de Madrid, demanda mayor diligencia e implicación por parte de la Dirección General de Vivienda de la Comunidad de Madrid para cumplir con la función que, por ley, tiene encomendada en cuanto a la coordinación de las acciones para aplicar el régimen sancionador establecido en el Decreto 71/1999 por el que se aprueba el "Desarrollo del Regimen Sancionador en Materia de Promoción de la Accesibilidad y Supresión de Barreras Arquitectónicas".

De esta forma se busca contribuir a acabar con la discriminación que supone, para las personas con discapacidad, la presencia de innumerables barreras físicas y de comunicación a eliminar para salvaguardar el derecho fundamental de consecución de la igualdad de oportunidades y la no discriminación.

A pesar de que desde el Ejecutivo Regional se escuchan con frecuencia voces que indican lo mucho que se está avanzando en materia de accesibilidad, la realidad es que el organismo competente dentro de la Comunidad de Madrid, (Dirección General de Vivienda) que ha de mostrar una actitud proactiva y beligerante respecto del incumplimiento de la norma mediante la aplicación, en su caso, de las correspondientes sanciones, hace dejación de sus funciones y mantiene fuera de efecto las propias leyes que el Gobierno Regional aprueba.

La barreras físicas y de comunicación constituyen un obstáculo, la mayor parte de las veces insalvable para los ciudadanos con discapacidad, obstáculo que impide su integración laboral, el acceso al estudio, a las relaciones sociales y la aplicación efectiva del derecho básico de propiciar su autonomía personal.

Estos obstáculos, excluyentes y discriminatorios, pasados por alto por parte de la Dirección General de Vivienda y por la propia Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, cuyo Viceconsejero, a más decir, ostenta el cargo de Presidente del "Consejo para la Promoción de la Accesibilidad y Supresión de Barreras", son vistos como de carácter menor y, por tanto, a resolver con mayor o menor fortuna, pero, en ningún caso, a sancionar.

Prueba de ello es que, desde 1999, año de entrada en vigor del Reglamento que regula el Régimen Sancionador de la Ley de Supresión de Barreras de la Comunidad de Madrid, de los 333 expedientes abiertos, no se ha impuesto ni una sola sanción a los infractores, llegando incluso a prescribir, en algún caso, el hecho denunciado, lo que resulta inconcebible ante la autoproclamada misión por parte de los referidos organismos de promover, impulsar y fomentar la adopción de medidas adecuadas en materia de accesibilidad, en favor de la inclusión y en contra de toda discriminación.

CERMI Comunidad de Madrid denuncia el planteamiento de la Dirección General de no sancionar sino de advertir a los infractores para que, exclusivamente, intenten corregir el incumplimiento, dado que la legislación autonómica es clara en este sentido y establece la imposición de sanciones en diferentes cuantías según la falta cometida, sanciones que, en ningún caso, poseen carácter recaudatorio dado que pasan a formar parte del Fondo para la Supresión de Barreras y Promoción de la Accesibilidad.

La realidad es que las personas con algún tipo de discapacidad continúan viviendo verdaderas odiseas en su día a día tratando de vencer los problemas derivados del escaso mantenimiento de los elementos de accesibilidad de los autobuses interurbanos, los ascensores de metro averiados, la proliferación de aceras-bici que les colocan en serios riesgos o las carencias en materia de accesibilidad de muchas de las calles de los diferentes municipios madrileños, una lucha de la que no siempre salen victoriosos sin sufrir una merma en su calidad de vida y que convierte su integración en una auténtica carrera de obstáculos.

El Comité denuncia que "la Dirección General de Vivienda, y por ende la Comunidad de Madrid, no están haciendo cumplir la Ley de Promoción de la Accesibilidad y Supresión de Barreras en la medida en que no aplican su régimen sancionador, abriendo esperanzas con la creación de una normativa que luego, en la práctica, queda en papel mojado."

CERMI Madrid indica que "ya se ha trasladado al Consejo para la Promoción de la Accesibilidad y Supresión de Barreras para la Promoción de la Accesibilidad la posibilidad real de denunciar esta situación ante el Defensor del Pueblo, de manera que se inste a los ayuntamientos y a la propia Comunidad a cumplir con su deber de hacer respetar la Ley".

CERMI Comunidad de Madrid también considera remarcable el hecho de que el Pleno de dicho Consejo tampoco cumpla, hasta el momento, el calendario trimestral de reuniones, lo que da cuenta del poco interés por solucionar los problemas de las personas con discapacidad, problemas que les impiden vivir en igualdad de condiciones con el resto de ciudadanos, lo que repercute, no sólo en su vida cotidiana, sino que les discrimina a la hora de poder acceder a la vida laboral o al estudio.