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La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha emitido un auto declarando la inadmisión del recurso de la Abogacía del Estado en nombre del Gobierno contra la sentencia de la Audiencia Nacional que declaraba nulo el acuerdo del Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y Atención de la Dependencia que determinaba la capacidad económica y establecía los criterios de participación en el coste de los servicios por parte de los beneficiarios, conocido coloquialmente como copago.

De este modo, la sentencia de la Audiencia Nacional adquiere firmeza por lo que definitivamente el acuerdo de copago queda anulado, perdiendo toda eficacia jurídica.

Con esta decisión del Tribunal Supremo concluye el proceso judicial puesto en marcha por el CERMI al impugnar ante la jurisdicción contencioso-administrativa el acuerdo de copago, tanto por motivos de forma como de fondo.

La Audiencia Nacional, tribunal de instancia, dio la razón al CERMI al considerar que la regulación de la determinación de la capacidad económica y la regulación de los criterios de participación en el coste de los servicios debió hacerse mediante norma reglamentaria del Estado (real decreto), por tratarse de un disposición de carácter general, y no a través de un mero acuerdo, que carecía del rango normativo necesario.

El Gobierno central recurrió en casación la sentencia de la Audiencia Nacional, que ahora queda confirmada en todos sus extremos al inadmitir el Tribunal Supremo el recurso del Abogado del Estado, el cual ha de hacer frente además a las costas del proceso.

Para el CERMI, la finalización de este litigio dando la razón a las pretensiones de la plataforma representativa de la discapacidad es una noticia positiva ya que el acuerdo del copago, tal como se aprobó, era lesivo para los derechos e intereses de las personas con discapacidad o mayores que se encuentran en situación administrativa de dependencia.

El CERMI espera que el nuevo Gobierno impulse la adopción de una norma reglamentaria estatal, con rango normativo adecuado, que regule tanto la capacidad económica como los criterios de participación en el coste por parte de los beneficiarios del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, todo ello en un clima de consenso, donde se tenga en cuenta el parecer del movimiento de la discapacidad y el de mayores.