FAMMA - Cocemfe Madrid

El Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso denunció este lunes que el Gobierno ha acabado con el III Plan de Acción para Personas con Piscapacidad al no haber previsto dinero para él en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) y aseguró que las cuentas del Gobierno para este año no han tenido en cuenta a los servicios sociales.

Rosa Aguilar, portavoz de Servicios Sociales del PSOE, explicó a los periodistas en un encuentro informativo que el Plan de Acción para Personas con Discapacidad 2009-2012 requeriría este año de un presupuesto aproximado de un millón de euros, una cantidad que, afirmó, no recogen los PGE.

Por otra parte, la representante socialista denunció que la partida presupuestada por el Ejecutivo para el Plan Concertado, que es el que va a parar a los ayuntamientos para que ejecuten programas de servicios sociales, ha descendido un 43%.

Si a esto se suma el hecho de que los demandantes de servicios sociales han aumentado un 39%, prosiguió Aguilar, la situación real se traduce en que el presupuesto en este ámbito ha bajado más de un 80%.

En cuanto al montante que recogen los PGE para el Sistema de Dependencia, el PSOE indicó que presentará una enmienda de devolución porque considera que se "le da un hachazo" con la supresión del llamado nivel acordado, que es el dinero concedido a las comunidades autónomas para que ejecuten la ley de autonomía personal.

Otra enmienda de devolución a los presupuestos que en el plano de los servicios sociales ha preparado el Grupo Socialista se centra en el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso), que ve reducido en un 93% el dinero para la teleasistencia y en un 50% el destinado a la ayuda a domicilio, aseguró Aguilar.

Finalmente, la responsable de Servicios Sociales de los socialistas en la Cámara Baja lamentó que el Gobierno haya reducido 800.000 euros para atender a niños maltratados y 75.000 para el plan del voluntariado.

En general, concluyó Aguilar, los presupuestos en materia social demuestran que el Gobierno "tritura los derechos esenciales fundamentales para quienes están pasándolo peor", al plasmar "un retroceso brutal" que evidencia que el Ejecutivo carece de sensibilidad social.