Señor Presidente de la Asamblea; señores miembros del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid; Señorías:

Celebramos el presente debate de Orientación Política General sobre el Gobierno de la Comunidad de Madrid en un momento en que está próxima a culminar una intensa y fructífera etapa en la Historia de esta región. Sin embargo, es seguro que el vigoroso impulso que en este tiempo ha cobrado Madrid hará sentir su efecto en el bienestar de la ciudadanía durante los próximos años, de manera que, más allá del artificio que rige los tiempos parlamentarios, las sesiones que hoy y mañana se desarrollarán en esta Cámara tienen una mayor proyección y un significado más profundo que el de un simple balance. En rigor, este debate sobre el Estado de la Región ha de servir no sólo para dar cuenta de los logros colectivos que los madrileños han protagonizado en los últimos siete años –y de modo más concreto de los acaecidos desde septiembre de 2001–, sino también para constatar la aparición de una realidad nueva y esperanzadora como consecuencia de su evolución conjunta como sociedad. No en vano, la Quinta Legislatura que concluye la próxima primavera se ha caracterizado no sólo por el cumplimiento del ambicioso programa que la ciudadanía encomendó al Gobierno regional primero en 1995 y nuevamente en 1999, sino además por el hecho de que ha abierto vías de desarrollo y progreso completamente inéditas. Las enormes posibilidades que dichas vías anuncian no nos autorizan a contemplar esta etapa como un período cerrado de la Historia de Madrid, sino, antes al contrario, nos lo muestran como un episodio brillante y vital precisamente por haber tenido la previsión de abrirse al futuro. Si escuchamos al más moderno de los madrileños, Ramón Gómez de la Serna, sabremos que "no se puede decir que Madrid vive de su pasado, ya que va tan allá que vive de su porvenir y lo realiza en su presente".

El Gobierno regional se propone explicar hoy cuáles han sido las razones que han ensanchado el horizonte de los madrileños como miembros de una sociedad que, en mucho menos de un decenio, ha sido capaz de pasar del pesimismo al liderazgo, y cuyas perspectivas de futuro en nada se parecen hoy a las que entonces tenían ante sí. Es importante hacer ese examen, Señorías, para que no caigamos en la tentación de creer que todo el progreso que los madrileños han conseguido para ellos y para sus familias ha sido consecuencia inevitable del mero paso del tiempo. La radical transformación experimentada por la Comunidad de Madrid no surge como un proceso espontáneo ni es resultado de los planes de un único autor. Consiste, más bien, en el fruto arduo y esforzado de una acción colectiva, de un diálogo permanente, de una participación entusiasta. Nada está escrito en el porvenir de los hombres ni de las comunidades que estos conforman, y las cosas podrían haber discurrido de modo bien diferente si la sociedad madrileña no hubiera tenido la inteligencia de sacudirse de encima el desánimo reinante en 1995, o si el Gobierno regional no hubiera comprendido que su deber principal era ofrecer a esa sociedad las herramientas que ésta precisaba para trabajar y crecer, convocándola a tal fin. Así lo manifesté ya en mi primer discurso de investidura, cuando afirmé ante esta Cámara que debíamos "conseguir [...] que las mujeres y hombres de nuestra Comunidad se sientan convocados a la construcción solidaria de un futuro distinto, de modo que instalen ilusión allá donde había desencanto, la confianza allá donde había recelo, la esperanza donde había desánimo".

Así ha sido. Los madrileños han respondido a esta llamada y han devuelto el pulso a una región que, no hace tantos años, aparecía injustificadamente decaída, repleta de recursos sin aprovechar y de iniciativas que no encontraban apoyo, y no por causa de la sociedad, sino de los corsés que se le habían impuesto. Los ciudadanos a quienes representamos, Señorías, pueden sentirse satisfechos de haberse liberado por fin de aquella falsa visión de un Madrid inmóvil, que tanto perjudicó y constriñó a esta región durante los años ochenta y primeros noventa. En una perspectiva histórica, eso es algo que debemos reconocer y celebrar, no sólo porque les beneficia en lo material, sino también porque supone un progreso en el ámbito de las ideas, y desde luego una manifiesta recuperación de la fe en sí mismos. Gracias a ellos, y al capital de confianza que han depositado en el Gobierno regional, la Comunidad de Madrid ha alcanzado su plena madurez institucional y una consistencia social de la que antes carecía, y lo ha hecho para emerger en un mundo en muchos aspectos diferente del que conocíamos cuando emprendió esa empresa. Su trayectoria, en todo caso, ha sido coherente con los tiempos, los ha acompañado e incluso los ha anticipado, de modo que hoy está en condiciones de desenvolverse eficazmente en este orden nuevo de la globalización donde tantas cosas son distintas, pero donde seguimos defendiendo los mismos valores de prosperidad, solidaridad y tolerancia.

Si hubiera que resumir en una sola palabra el gran proyecto que desde 1995 recoge esos valores fundamentales para ponerlos al servicio de las necesidades de los ciudadanos, tendríamos que elegir ésta: modernización. Modernización de las infraestructuras, que en aquella fecha relativamente reciente aún eran pocas e impropias de una región potencialmente dinámica como Madrid. Modernización de los servicios públicos, que son una de las razones de ser principales de toda Administración y que los madrileños no percibían en la medida en que sus impuestos obligaban a la nuestra. Modernización del aparato productivo madrileño, que ha recuperado su competitividad al reducir las carencias en esos dos terrenos. Modernización del sistema educativo, la Universidad y la formación laboral en todas sus múltiples ramificaciones, porque son la clave del crecimiento económico y humano. Modernización de la forma de hacer política, que para este Gobierno regional consiste en poner de acuerdo a los distintos sectores e intereses legítimos de la sociedad, sembrando diálogo y no confrontación. Modernización de la Administración, que hoy quiere ser una ayuda y no un obstáculo. Modernización del concepto de la región, actualmente percibida como un espacio de oportunidades más que como un territorio convencional. Modernización de la posición de Madrid en el mapa internacional de las redes de comunicaciones, la investigación y la innovación, donde ahora aparecemos como un enclave destacado. Modernización de la voz de Madrid en España y en Europa, que hoy se escucha y se corresponde con una imagen también modernizada que despierta admiración e incluso sanas envidias. Modernización en la concepción que los propios ciudadanos tienen de lo que es ser madrileño, donde hoy caben personas de muchas razas, lenguas y creencias. Modernización en la idea que los gobernantes tienen de las expectativas y necesidades de los gobernados, que no reclaman consignas ideológicas, sino soluciones concretas a los problemas.

Los ciudadanos de esta Comunidad, Señorías, se han modernizado en su nivel de expectativas, en sus modos de producir y en su manera de estar en el mundo, en un grado tal que parece sugerir un prolongado paso del tiempo, una de esas etapas dilatadas que los sociólogos estudian para analizar la transformación de una determinada sociedad. Pero hablamos sólo de siete años. Siete años, poco más de un lustro, que han bastado para cumplir prácticamente en su integridad un proyecto de ocho que en mayo culminará ofreciendo a Madrid un repertorio de horizontes nuevos para seguir progresando, y al que durante el último curso un Gobierno regional remodelado y reforzado se ha ocupado de darle el impulso definitivo. ¿Cómo, en sólo siete años, ha sido posible llevar a cabo esta transformación? La respuesta es sencilla: porque el impulso que la ha mantenido viva partía del instinto de rebeldía con el que los madrileños han desafiado en todo este tiempo las dificultades y el bajo nivel de expectativas que se les había inculcado. El Gobierno regional del Partido Popular recibió un Madrid desfasado y resignado, aquejado de graves problemas, y hoy ofrece a la ciudadanía un Madrid en el que la participación de los ciudadanos ha desmentido que ese declive fuera un destino obligado.

Como Sus Señorías saben, uno de los espacios idóneos para poner en marcha esa rebeldía, ese impulso transformador de la realidad, es esta Cámara de representación. Así lo demuestra la intensa actividad legislativa y parlamentaria desarrollada desde julio de 1995, en virtud de la cual la Asamblea de Madrid ha aprobado 134 Proyectos de Ley, 110 Proposiciones No de Ley, ha tramitado 2.066 iniciativas en Pleno, ha hecho lo propio con otras 3.080 en Comisión, y ha encontrado en el Gobierno todas las facilidades para ejercer el necesario control sobre éste, como queda de manifiesto en las 304 preguntas orales que el Presidente ha respondido en Pleno y las 989 que han recibido contestación de los consejeros. Nutrida actividad parlamentaria, en fin, en la que la unanimidad suscitada por el 71% de las Proposiciones No de Ley aprobadas, que en los Proyectos de Ley afecta al 42% de los casos, resulta bien significativa del talante de diálogo y consenso que ha presidido toda una época. Una época que, no en vano, ha asistido a la revitalización de la Asamblea de Madrid como consecuencia de la reforma del Reglamento de la Cámara, aprobada por unanimidad el 30 de enero de 1997.

Señorías, he mencionado tres valores como parte fundamental del proceso de modernización de Madrid. Vuelvo a insistir en ellos: prosperidad, solidaridad y tolerancia. Creo que sirven perfectamente para definir la otra realidad más amplia y profunda en la que arraiga la Comunidad de Madrid: España. Una España que, a decir de Ortega, se concibe no sólo como herencia del pasado, sino sobre todo como "proyecto sugestivo de vida en común". Y que por ello, en tanto que sugestión, en tanto que propuesta, nos invita todos los días a trabajar para cumplir un ambicioso programa que nos da sentido como ciudadanos, como sujetos libres y responsables. Por eso, los madrileños pueden enorgullecerse hoy de haber tratado de cumplir ese programa conforme a una sincera vocación de servicio a los demás españoles, sin excluir a ninguno ni poner distancia entre las regiones.

Si Cambó consideraba que España es un "todo vivo" cuyo espíritu no está completo sin el concurso de todas las partes, hoy estamos seguros de que la Constitución de 1978 ha puesto al fin en práctica ese principio de integración, y nos ha brindado a las Comunidades Autónomas la oportunidad de demostrarlo. De ahí la constante lealtad de la Comunidad de Madrid hacia el Estado español, del que todas las Administraciones regionales forman parte, y al que siempre hemos ofrecido colaboración, diálogo y solidaridad, que es la moneda con la que éste nos ha correspondido. Porque la democracia y el autogobierno se defienden desde la fidelidad a la Constitución y a los respectivos Estatutos de Autonomía, y no recurriendo a ultimátums ni desafiando a las instituciones. De ahí que las reformas que la Asamblea de Madrid ha efectuado en el Estatuto de Autonomía, la última de ellas en 1998, dentro del periodo que hoy examinamos, se hayan inspirado en el deseo de que nuestro mayor protagonismo autonómico no fuera en menoscabo del resto del país. Más recientemente, la firma del Protocolo General de Colaboración entre las Comunidades Autónomas de Castilla-La Mancha, Madrid y Castilla y León, el pasado 7 de junio, brinda un ejemplo de cómo estrechar lazos y saltar fronteras, y confirma este talante mediante el compromiso de poner en marcha "proyectos susceptibles de ser acometidos de manera coordinada, con especial atención a aquellas áreas de actuación de interés común como la cultura, la educación, la sanidad, los transportes, el medio ambiente, la protección civil o el turismo".

Porque España, Señorías, no es una abstracción retórica, sino la propuesta más explícita e inmediata que los hombres y mujeres de esta parte de Europa tienen planteada para realizarse plenamente en sociedad y ofrecer al mundo su particular interpretación del progreso. España es sinónimo de justicia, de democracia y de tradición liberal, de la que fue cuna en 1812. España es, en suma, ese puñado de virtudes y valores cívicos bien concretos por cuya defensa, o incluso por cuya práctica silenciosa, les ha sido arrebatada la vida a muchas personas en Madrid desde 1995. Por eso, al repasar lo que han sido estos siete años de progreso es preciso subrayar el valor permanente de una ciudadanía que no ha dejado de oponerse a la agresión terrorista ni un sólo momento, como sociedad sana que no está dispuesta a que cunda en su seno la indiferencia ante el sufrimiento de ninguno de sus miembros. Como sociedad, en fin, que hoy, a través de las instituciones del Estado y de los Poderes en que éste se concreta, da nuevos y necesarios pasos en la defensa activa de la democracia, proscribiendo la conducta y los órganos que articulan el proyecto y los métodos criminales de un totalitarismo que no puede ser tolerado en ninguna parte de Europa.

La voluntad de acercamiento de Madrid a las otras regiones españolas es la que por otra parte nos legitima para ejercer un liderazgo claro. La prosperidad de los madrileños, que se debe a su propio y exclusivo esfuerzo, no ha sido pretexto para el egoísmo o el aislamiento. Antes al contrario, si Madrid lidera hoy España en la mayoría de los terrenos es porque no ha tenido inconveniente en formular una propuesta de desarrollo compartido a todo aquel que quisiera aceptar nuestros planteamientos abiertos. Y lo cierto es que, de ese común acuerdo, siempre ha surgido prosperidad para Madrid y prosperidad para España. Sólo así se explica que un territorio que sólo ocupa el 1,6% de la superficie nacional, y en el que vive el 12,9% de la población española, pueda generar el 17,3% del Producto Interior Bruto de nuestro país. Según los expertos, el fundamento de este mejor comportamiento se encuentra en la capacidad del actual Gobierno regional para impulsar los sectores que más aportan al Valor Añadido Bruto, como los servicios a empresas, la intermediación financiera o la tecnología y las comunicaciones. Pero, en rigor, el instinto nos dice a todos que la fuerza motriz de esta mayor fortaleza económica, de esta capitalidad cierta de Madrid, se encuentra en un espíritu de colaboración y estabilidad social que es el que ha impulsado a la región todo este tiempo.

En última instancia, si los madrileños disfrutan de una renta per capita un 34% superior a la media nacional, si en los últimos siete años han generado el 17% de todos los puestos de trabajo creados en el país y han abierto el 19% de las nuevas empresas españolas, es precisamente porque ese alto grado de bienestar no les impide ser al mismo tiempo los que más aportan a las arcas del Estado. Tal y como refleja el Informe de las Cajas de Ahorros Confederadas de diciembre de 2001, "Madrid es la provincia con mayor superávit fiscal y participación española porcentual en el ingreso y gasto público, y aporta junto con Barcelona el 81,8% del superávit de las provincias españolas que lo registraron en el año 2000, constituyéndose en la base de la financiación del déficit fiscal que registraron la mayor parte [de ellas]". Dicho en otras palabras: la política redistributiva ejercida por el sector público sirve para que el crecimiento de la Comunidad de Madrid sea también el de toda España. Especialmente, el de las regiones más atrasadas, a las que Madrid transfirió en 2000 rentas en dinero y especie en mayor medida que ninguna otra región. Como no quiero que esta disposición solidaria de los madrileños se diluya en cifras demasiado generales, debo aclarar que, según este informe, cada habitante de nuestra región transfiere 2.055 euros, frente a los 1.289 que aporta cada ciudadano de Cataluña. Y lo importante es que los ciudadanos que recibieron estas transferencias en sus rentas familiares directas son los que viven en las regiones menos desarrolladas, como Extremadura, Castilla-La Mancha, Asturias o Andalucía, entre otras. De ahí que cuando el Gobierno central destina a Madrid más inversiones que a cualquier otra región de España, lo que en realidad está haciendo es invertir en la fortaleza conjunta del país. Si este año el 20,5% de las inversiones territorializadas del Estado se han dirigido a Madrid, creciendo, por tanto, un 18% respecto al año anterior y un 5% por encima del incremento medio de las otras regiones, hay que entender dos cosas. La primera, que Madrid se está beneficiando legítimamente de importantes mejoras y equipamientos. Y la segunda, que el Gobierno regional ha hecho valer ante el Gobierno central la rentabilidad que para el conjunto del país tiene ese esfuerzo.

A partir de ahí, es esta solidaridad la que nos autoriza a celebrar sin complejos, y en la certeza de estar siendo útiles al país, la capacidad de esta región y de este Gobierno para generar riqueza democráticamente, elevando el nivel de vida de la población y ofreciendo oportunidades para todos. Así puede constatarse en los últimos datos proporcionados por el observatorio Eurostat, tanto por lo que se refiere a la evolución más reciente de la prosperidad madrileña como a la que se registra desde años atrás. Si en la última proyección de la que se disponía hasta ahora, correspondiente a 1998, 150 regiones europeas presentaban un PIB por habitante expresado en unidades de compra que era inferior al de la Comunidad de Madrid, un año después ésta rebasa ya a 173 de las 211 regiones de la Unión. Quiere decirse, por tanto, que en sólo doce meses Madrid adelanta a nada menos que 23 regiones europeas, lo que confirma nuestro progresivo avance, año tras año, hacia las posiciones de cabeza de la prosperidad continental a un ritmo más que razonable. Lo importante es que este avance es el que se produce en la propia vida diaria de los ciudadanos de Madrid, que son los que disfrutan de una mayor riqueza per capita de toda España, y superan ya en 12 puntos la media europea. Recordarán Sus Señorías que, cuando celebramos el Debate del Estado de la Región del año pasado, ese dato, aún siendo muy bueno, era también dos puntos inferior al actual, lo cual viene a confirmar que los madrileños continúan prosperando. Es un hecho, en fin, que ese notable progreso se ha producido bajo los Gobiernos del Partido Popular, pues en 1997 la ventaja de los madrileños respecto a sus vecinos europeos se estimaba sólo en un punto, y desde entonces ha crecido otros 11, es decir, prácticamente la totalidad del trecho que Madrid lleva recorrido en el camino hacia el liderazgo europeo en términos de riqueza y bienestar.

Riqueza y bienestar, Señorías, que pongo directamente en relación no a modo de recurso dialéctico, sino porque verdaderamente forman parte de una misma realidad y son el haz y el envés de nuestra tarjeta de presentación en el mundo, que ya no nos percibe sólo como una región rica, sino también como un espacio habitable donde unos servicios públicos avanzados y un entorno amable hacen la vida más sencilla y atractiva. Así, el hecho de que los ciudadanos de Madrid habiten en la capital más barata de la Unión Europea después de Lisboa, y que en un año haya ganado diez puestos en la escala de las menos caras según la clasificación de la consultora Mercer Human Resource, es desde luego un síntoma claro de bienestar. Lo mismo podríamos decir de circunstancias cotidianas pero que todos apreciamos sobremanera, como el hecho de que los madrileños tarden casi diez minutos menos en llegar al trabajo que los demás europeos que habitan en grandes ciudades, según observa un estudio de otro gabinete internacional, o que en un informe específico sobre calidad de vida elaborado por la firma mencionada Madrid esté a la misma altura que a este respecto ocupan Londres, Washington, Boston, Nueva York y Chicago. Lo cual, por cierto, nos pone también diez puntos por delante de esa gran ciudad que es Barcelona.

Que esta calidad de vida se debe a la riqueza que Madrid es capaz de crear es algo, por tanto, que se percibe diariamente con sólo salir a la calle, aunque siempre es conveniente una confirmación científica de lo que indica la percepción diaria. Este año esa confirmación ha venido de la mano de un ambicioso estudio del BBVA sobre La evolución económica de las provincias españolas, en el que se constata que, en efecto, en nuestro país un mayor nivel de renta per capita lleva siempre aparejado un elevado índice de bienestar social, como de hecho confirma el caso de la Comunidad de Madrid, cuyo bienestar y renta se encuentran por encima de la media nacional, al igual que sucede también con otras cinco regiones españolas. Creo, Señorías, que se trata de un desmentido en toda regla a las teorías obsoletas que desconfían de la creación de riqueza y le achacan injustamente un aumento de las desigualdades, y que por tanto es una excelente noticia para aquellos que, por el contrario, hemos aspirado a desarrollar un sistema económico donde más productividad signifique también más equilibrio social y más solidaridad.

En una región donde 116.000 personas perdieron su trabajo entre 1988 y 1995, no puede haber mejor prueba de ese equilibrio social que preconizan los Gobiernos del Partido Popular que la creación rápida y abundante de empleo. 629.900 puestos de trabajo, de los 3.745.000 que se han creado en España desde 1995, dan testimonio de esa inquietud en la Comunidad de Madrid, donde ya ha quedado ampliamente rebasado aquel primer compromiso que contrajimos de alcanzar 425.000 nuevos empleos en ocho años. Cuando ni siquiera se ha cumplido ese plazo, el Gobierno regional ha generado empleo en una proporción superior en casi un 48% a lo que acordó con los ciudadanos en las urnas, lo que significa 204.000 puestos de trabajo más. Este progreso no ha tocado techo aún, pues nuestro compromiso con el empleo va a seguir aumentando, de modo que en mayo de 2003 podremos al fin fijar en qué medida exacta hemos elevado el listón que nos pusimos en 1995 y 1999.

Los indicios, desde luego, son más que favorables: en un año en que se ha superado con buena nota la supuesta recesión que muchos auguraban, los ratios de la Comunidad de Madrid destacan una vez más de los del resto de las regiones españolas. A la vista de la Encuesta de Población Activa del segundo trimestre de 2002, España ha seguido creando empleo, con un protagonismo indudable de Madrid, pues de los 364.100 nuevos puestos de trabajo creados en España con relación al mismo trimestre del año anterior, 71.600 lo han sido en nuestra región. Si se compara este hecho con los 10.500 empleos destruidos en Cataluña entre el primer trimestre de 2001 y el primero de 2002, cuando Madrid creó en ese mismo periodo 104.700, resulta evidente no sólo la pujanza de nuestra economía, sino sobre todo su clara orientación hacia la creación de oportunidades para todos.

Lo importante, por eso, es que desde junio de 1995 hay en Madrid 260.900 parados menos, 260.900 personas con nombre y apellidos que han salido de esa dramática situación a la que ningún ciudadano debe resignarse. Y en ese progreso objetivo del equilibrio social, que rompe la desigualdad flagrante que existe entre quien tiene un empleo y quien carece de él, el curso 2001-2002 ha sido también positivo, pues, incluso con el incremento del número de personas que se incorporan a nuestro mercado laboral, Madrid ha conseguido seguir reduciendo su número de parados en 6.900 personas con respecto al mismo trimestre del año anterior. Les recuerdo a Sus Señorías que en los últimos doce meses sólo hay dos regiones en España que hayan visto disminuir sus cifras de parados, y que de ellas ha sido Madrid la que tanto en términos absolutos como en porcentaje más ha disminuido. Pero como quiera que la solidaridad territorial que profesamos nos impide hacer alarde frente a otras regiones, he de resaltar que Madrid está ofreciendo empleo actualmente a más de 50.000 personas que residen en otras Comunidades Autónomas pero trabajan regularmente en la nuestra.

Naturalmente, no nos damos por satisfechos con esta circunstancia. Sin duda es necesario seguir mejorando, y lo haremos hasta alcanzar el pleno empleo. Pero en todo caso hay un dato que hace imposible afirmar que los Gobiernos del Partido Popular hayan desaprovechado una sola oportunidad para ofrecer empleo a los trabajadores de la región. Ese dato es el siguiente: ningún territorio de la Unión Europea ha hecho descender el paro en mayor medida que la Comunidad de Madrid. Entre 1995 y 2001, los Gobiernos del Partido Popular han creado las condiciones para que la economía madrileña redujera la tasa de paro nada menos que 13,1 puntos, frente a los 9,9 puntos del total español, los 3,1 puntos de los Quince y los 2,5 de la Zona Euro. Es decir, que si ha habido un proyecto en Europa que ha puesto en práctica todos los recursos para estimular el empleo y reducir el paro, ése ha sido el de la Comunidad de Madrid.

Y todo esto se ha conseguido en una región en la que la población activa se está incrementando en una media anual de un 3% en los últimos años. En el segundo trimestre de 2002, y en relación al trimestre anterior, se constata que en la Comunidad de Madrid se ha producido un aumento de la población en edad de trabajar de 11.300 personas, así como del número de activos en 3.700 personas. En consecuencia, la tasa de actividad de Madrid es del 56,2%, superior a la media de España, que se sitúa en el 53,8%.

Así las cosas, en el segundo trimestre de 2002, hemos sido capaces de reducir la cantidad de trabajadores desempleados en un 8,3%, es decir, en 15.100 personas. De este modo, la tasa de paro se sitúa hoy en el 6,7%, 4,4 puntos por debajo del 11,1% nacional.

Estos datos, Señorías, tienen una importancia extraordinaria, porque significan que Madrid se encuentra a muy poca distancia del pleno empleo. Estamos rozando el ideal que todas las sociedades occidentales aspiran a convertir en realidad desde la crisis de 1973. Y nos encontramos tan cerca de esa situación soñada no desde el estancamiento o la fatiga, sino en una perspectiva de recuperación del ciclo económico y con buena parte del potencial que el Gobierno regional ha inyectado en Madrid todavía por desarrollar. Naturalmente, el pleno empleo por el que hemos de trabajar habrá de garantizar una serie de requisitos irrenunciables. En primer lugar, debemos mantener la exigencia de la estabilidad y la calidad, que en 1997 fueron objeto de un importante acuerdo entre el Gobierno regional y las grandes centrales sindicales. Queremos que al menos cuatro de cada cinco contratos sigan siendo indefinidos, y queremos seguir liderando la estabilidad laboral en España, con una tasa de temporalidad que actualmente es un 38% inferior a la nacional. Queremos, en fin, conservar y extender las ventajas de una política justa que, en estos siete años, ha ofrecido un contrato indefinido a 563.000 trabajadores, muy lejos ya de lo que sucedía entre 1988 y 1995, cuando los asalariados fijos disminuyeron en 82.300 personas y más de 200.000 pasaron a trabajar en una situación precaria.

En segundo lugar, nuestro pleno empleo debe seguir el camino de reducción de la siniestralidad laboral en el que nos encontramos, como constata el descenso del índice de incidencia en un 8,5% respecto a 2001. Es verdad que dicho índice ha disminuido más que el nacional, que es un 15,6% más alto, y que regiones como Cataluña presentan un dato un 28,1% peor. Pero ello sólo supone un estímulo para continuar trabajando en una reducción de los accidentes laborales que debe acelerarse. La Administración regional, los empresarios y los sindicatos han indicado el camino adecuado para ello en el Plan Director de Prevención de Riesgos Laborales de la Comunidad de Madrid firmado el 7 de mayo.

En resumen, este pleno empleo constituye un objetivo plenamente alcanzable y hacia el que nos acercamos a buen ritmo, como también confirman la superior afiliación a la Seguridad Social que Madrid experimenta dentro del conjunto nacional, donde ocupa el segundo lugar en términos de crecimiento interanual y el cuarto puesto relativo.

Tal vez Sus Señorías recuerden que incluso un autor tan controvertido como Hayek decía que "nadie puede ser economista si es sólo economista". Y añadía que "un economista que sólo es economista, pasa a ser perjudicial y puede constituir un verdadero peligro". Pues bien: la política económica del Gobierno regional es mucho más que un ejercicio preciso de economía. Es un modelo de crecimiento estable y sostenido, animado por objetivos que son mucho más que económicos, cuyos beneficios en términos de generación de riqueza y creación de empleo de calidad han conseguido mejorar de manera sustancial la vida del conjunto de los madrileños. Para ello se pusieron en marcha en 1995 una serie de medidas que han convertido a Madrid en el auténtico motor de España, con un aumento de renta que en estos años, según la Contabilidad Regional, ha crecido un 16% más que lo que ha conseguido hacer la del país. Sólo en el período 1995-2001 nuestra región ha experimentado un crecimiento acumulado del 28%, es decir, cuatro puntos porcentuales por encima del registrado por todas las Comunidades Autónomas, que se sitúa en el 24%, y 11 puntos por encima de la Unión Europea, que se cifra en un 17%. Esos son los beneficios de un modelo económico que permite que Madrid esté prosperando, por tanto, a un ritmo superior al de España y al de Europa. Un modelo que, lejos de ser coyuntural, ha demostrado su visión de largo plazo al resistir en 2001 los embates de la crisis internacional con notable estabilidad. Así lo certifica el Instituto Nacional de Estadística, que registra un saludable crecimiento del 3,2% durante el año pasado, es decir, más de dos puntos y medio por encima de los países de la Zona Euro, y medio más que España. Junto con Andalucía y Valencia, Madrid se mantiene así en el pelotón avanzado de la economía nacional, dentro de una tendencia sostenida que este año nos hará crecer en torno al 3%, y superando, por tanto, el 2,2% que el Ministerio de Economía anticipa para España. Así lo cree también el informe Hispalink, que anuncia que nuestra región se situará en 2002 a la cabeza, junto a Castilla y León, de las regiones con crecimientos diferenciales a su favor, con un 0,6% por encima de la media española.

Modernidad, solidaridad, riqueza, bienestar, calidad de vida, empleo, crecimiento económico... Conceptos que son centrales en este discurso porque resumen la realidad presente de una región, y sobre todo porque encauzan su futuro para los próximos años. Pero conceptos que, en última instancia, remiten a un hecho más valioso, que se expresa a su vez mediante otra idea: cohesión. Cohesión social y cohesión territorial, cohesión en tanto que resultado de un tiempo de progreso acumulado, y cohesión como garantía de estabilidad y seguridad para el mañana.

Cohesión social, primero, porque en nuestra región se ha evitado que se produzcan fracturas profundas, y porque además la sociedad madrileña está decidida a seguir creciendo sin dejar a nadie atrás, como demuestra una actitud que ha conseguido reducir a la mitad los hogares sin ingresos y restringir la pobreza severa al 1% de las familias. Cohesión social, por otra parte, que obedece a la lógica del sistema socioeconómico madrileño, sustentado en la perspectiva próxima del pleno empleo, en la alta capacidad adquisitiva de los ciudadanos y en la incorporación de todas las zonas de la región al bienestar general de la Comunidad de Madrid. Y cohesión social, finalmente, que es también consecuencia de que esta región haya ido ganando en eso que algunos sociólogos denominan "capital social", es decir, aquellas reservas de valores compartidos que una sociedad es capaz de generar, más allá de los recursos materiales o financieros. Pues, al igual que el capital físico y el capital humano, hoy se acepta ya que el capital social, el que se manifiesta en las relaciones de confianza, en la tolerancia y en la disposición de la sociedad civil a cooperar y asumir responsabilidades, produce también riqueza, y, de un modo indisociable, bienestar.

Pero además, la cohesión social de la Comunidad de Madrid está respaldada por una serie de medidas adicionales con las que la iniciativa pública compensa aquellas carencias que la sociedad no es capaz de atender por sí sola. Eso es lo que supone una política social a la que el Gobierno destina 66 céntimos de cada euro, el hito histórico de una Ley de Renta Mínima de Inserción, o el compromiso de ayudar con cuatro millones de pesetas a cada familia en situación de pobreza hasta 2006. Mecanismos que este Gobierno regional ha querido reforzar en el futuro, mediante una Ley de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid que actualmente se encuentra en fase de Anteproyecto y que pronto llamará la atención por su audacia y compromiso. No en vano, esta Ley define claramente los derechos sociales de los ciudadanos, de tal modo que puedan ser conocidos y exigidos por estos, e introduce un concepto de universalidad completamente inédito que permitirá que una misma necesidad sea satisfecha del mismo modo para todo aquel que la experimente, de manera que los servicios sociales estén siempre disponibles para todos los ciudadanos con independencia de cuál sea la forma de provisión o quién esté obligado a su pago. El Gobierno sigue la estrategia, pues, de convertir los servicios sociales en un sexto sistema de protección social a los ciudadanos, como ya lo son la sanidad, la Seguridad Social, la educación, el empleo o la vivienda. Es una meta posible, a la vista de la activa gestión social de los últimos años: si entre 1995 y 2001 el Gobierno regional ha logrado duplicar prácticamente los dispositivos de atención disponibles en todas las áreas de intervención en servicios sociales, no hay razón para pensar que ahora no pueda hacerse un esfuerzo similar que garantice las prestaciones del sistema público que propone esta nueva Ley. Entre los avances que ésta aporta, se encuentra la elaboración de un censo de las personas mayores que viven solas para asegurar su asistencia si la necesitan, la gratuidad de todas las prestaciones de carácter técnico, la consolidación de derechos como el que representa, por ejemplo, la percepción de una Renta Mínima de Inserción, o la creación, por Ley, de nuevas prestaciones como la de un cheque-servicio que permitirá aumentar las posibilidades de elección de las personas que necesiten ayuda respecto al modo de atención que desean recibir. Naturalmente, la Ley será una vez más una vía de participación para los ciudadanos, que estarán presentes en los órganos de representación y consulta del sistema.

Junto a esta cohesión social, la política del Gobierno regional ha generado también cohesión territorial, y no sólo mediante un reequilibrio que ha hecho justicia a los derechos del Sur, el Corredor del Henares o la Sierra Norte, sino también evolucionando hacia un modelo territorial más moderno y mejor preparado para afrontar los retos del futuro. Porque en la Comunidad de Madrid, la ciudad policéntrica, que sustituye el esquema centro-periferia por un sistema de centros múltiples donde se dan cita espacios de trabajo, ocio y vivienda, empieza a ser ya una realidad a escala regional. De aquella noción antigua de la ciudad-dormitorio, que asignaba a muchos municipios madrileños el papel de meros subordinados de la capital, hemos pasado a una situación en la que todas las zonas de la región desempeñan un protagonismo propio, porque poseen la suficiente consistencia económica, una oferta de ocio creciente, servicios públicos avanzados y una red de comunicaciones que rompe el esquema radial y lo sustituye por una configuración en red. El caso de Metrosur, un anillo que articula el tercer espacio urbano de España, integrando tres hospitales, dos Universidades y un millón de habitantes, independizándolo de Madrid capital a la vez que lo comunica con él, es bien ilustrativo a este respecto. Como también lo es la M-45, que conecta directamente dos motores socioeconómicos de la región sin necesidad de afectar a otras zonas, reforzando mutuamente una fortaleza conjunta que hoy supone más de la cuarta parte de la economía regional. En la Comunidad de Madrid, por tanto, ya no hay centro ni periferia, porque todas las zonas de la región pueden desempeñar una función central en un determinado aspecto, y porque todas se bastan a sí mismas y dependen de las demás en parecida medida. La concentración de la industria del ocio y el entretenimiento en el Sur de la región, con realidades visibles como el Parque Temático de Madrid y el Parque Biológico, y proyectos muy próximos como el Casino de Aranjuez o el Parque de Nieve, representan sólo un ejemplo, el ejemplo del Sur. Pero también podemos aludir a la revitalización industrial del Corredor del Henares, a la especialización cultural de la Sierra, o al protagonismo que en muchos terrenos sigue desempeñando la capital. En todos los casos, el desarrollo de esas zonas implica la desaparición de unos medios dependientes o incompletos, y su sustitución por un espacio público apto no sólo para residir, sino también para vivir, para disfrutar y trabajar.

Esta concepción del espacio regional implica un sentido acusado del equilibrio. El mismo que, en el caso de la capital, nos aconsejaba recuperar aquellos barrios más deteriorados antes de afrontar el crecimiento de la ciudad. De ahí el compromiso que el Gobierno regional contrajo con las asociaciones de vecinos de Villaverde y Usera, por un lado, y de Vallecas por otro, para arreglar y mejorar sus calles, para dotarlas de instalaciones deportivas, culturales y sociales. Compromiso conjunto que suma 216,2 millones de euros, y que en el primer caso se encuentra en un 94% de cumplimiento, con ese porcentaje de lo presupuestado ya terminado o en ejecución, y en el segundo, cuyo final está previsto en 2005, en un 40%. A esa misma necesidad de equilibrar internamente todas las zonas de la ciudad responden también los 284 millones de euros transferidos por el Ministerio de Fomento en los últimos seis años, en los que esa suma se ha empleado en remodelar barrios, rehabilitar viviendas y reparar inmuebles. Sólo después, cuando nos hemos asegurado de cerrar las heridas internas de la capital, hemos empezado a poner los cimientos de su expansión futura: más de 22 millones de metros cuadrados que, gracias a las operaciones Campamento y Chamartín, así como a la Ciudad Aeroportuaria Parque de Valdebebas, van a ofrecer a los madrileños 45.000 nuevas viviendas, el 37% en algún régimen de protección pública. Si la operación Campamento sirve para que la ciudad recupere los antiguos espacios reservados a usos militares, en la prolongación del eje de la Castellana se asegura la comunicación con el Norte de la región y la eficacia de su sistema de transportes, al tiempo que en Valdebebas la zona del aeropuerto se dota de una segunda Casa de Campo, un auténtico pulmón de espacio verde varias veces más grande que el Parque de El Retiro.

El crecimiento de Madrid, por tanto, se producirá en torno a este sentido del equilibrio, que, como se ve, obliga a atender a la calidad ambiental de la región y, en consecuencia, a no ceder a un concepto enteramente urbano de la misma. No en vano, los montes, prados, tierras de cultivo, ríos y pastizales representan casi el 70% de nuestro territorio. La clara conciencia de este hecho explica que el 57% del suelo de la Comunidad de Madrid sea suelo no urbanizable de especial protección. Además, el proceso para que Madrid cuente con su primer Parque Nacional, el de la Sierra del Guadarrama, sigue avanzando: el 25 de marzo, la Comunidad de Madrid y la Junta de Castilla y León firmaron un Protocolo para iniciar los trabajos de redacción del futuro Plan de Ordenación de Recursos Naturales de la Sierra del Guadarrama; y el pasado 17 de abril, al igual que ocurrió en esta Cámara, las Cortes de Castilla y León acordaron, con la unanimidad de los tres Grupos Parlamentarios, solicitar al Gobierno central la Declaración de este espacio como Parque Nacional. En cuanto a los Parques Regionales, además de aumentar en número y extensión, desde 1995 reciben 77,2 millones de euros, una cifra casi cuatro veces superior a los 19,8 millones de euros destinados entre 1988 y 1995.

Una de las claves de esta compleja y diversa cohesión territorial, que a la postre forma parte de nuestra cohesión social, estriba en el hecho de que el Gobierno regional haya hecho una apuesta por las infraestructuras que tiene escasos precedentes en Europa. Ese esfuerzo es el que nos permite disfrutar hoy de los mejores servicios públicos de los que esta región ha dispuesto nunca. Y quiero subrayar esa equivalencia, porque para los ciudadanos es evidente el hecho sencillo de que las infraestructuras constituyen mucho más que acero y hormigón: representan servicios públicos de calidad. Gracias a esa coincidencia de criterio entre la sociedad madrileña y el Gobierno regional, gracias a que este último ha confiado en aquélla y la ha dotado de los medios que durante mucho tiempo se le negaron, esto es, de servicios públicos eficaces y novedosos, Madrid ha podido crecer a partir de esa cohesión territorial inédita, que hace posible que en la actualidad unos ciudadanos de la región no estén a más de hora y media de otros, y en la mayoría de los casos a menos de sesenta minutos. La competitividad de las empresas madrileñas, el atractivo turístico de la región, la calidad de vida diaria de los ciudadanos, se apoya en estas infraestructuras que el Gobierno regional ha tenido la ambición de imaginar y crear. Como comprenderá la mayor parte de Sus Señorías, nunca el acero y el hormigón sirvieron a mejor fin ni ayudaron más a las personas.

El sistema de transporte público que la Comunidad de Madrid ha conseguido desarrollar constituye sin duda uno de los logros más notables de esta etapa de la Historia de la región. No sólo porque por su sentido social lo convierte en referencia reconocida en los países de Iberoamérica, o porque dispone de medios de los que carecen las ciudades de cuatro continentes, como una conexión por Metro con el principal aeropuerto del país. También y sobre todo porque su planteamiento obedece a esa concepción policéntrica de la región futura, y tiene en cuenta el carácter complementario de los distintos modos de transporte. El sistema de transporte madrileño ha servido para tejer un espeso entramado de vías, puntos de intercambio y medios diversos, que sostienen el desarrollo económico y físico de la región, evitando que ésta se ahogue y asegurando la holgura suficiente para continuar creciendo en las condiciones adecuadas. Esto no constituye una formulación abstracta, sino una experiencia que se vive día a día en toda la región, donde el 54% de los desplazamientos se lleva a cabo en transporte colectivo, es decir, más que en ninguna otra de España o de Europa, y donde, según encuestas recientes, los ciudadanos prefieren el transporte público al privado cuando se desplazan al centro de la capital. Éste es el verdadero aval de la eficacia y calidad de uno de los sistemas de transporte mejor concebidos y desarrollados del mundo: los hábitos cotidianos de una ciudadanía que hoy utiliza el Metro un 37% más de lo que lo hacía en 1995, dentro de una relación de confianza progresiva con el Gobierno regional que en el último año se ha manifestado en un aumento de los viajes en este medio de transporte del 3,6%, y que respecto al comienzo de la Legislatura es del 13,3%. Relación de confianza, todo sea dicho, que el Gobierno regional siempre ha correspondido con nuevas inversiones y servicios, y que en muy pocos meses se hará más profunda cuando 600.000 ciudadanos de los cinco grandes municipios del Sur tengan una estación de Metro a menos de 600 metros de su portal, o bien a 900 metros en el caso del 80% de la población, es decir, entre cinco y diez minutos desde casa. ¿Conocen Sus Señorías que se haya hecho en Europa alguna apuesta mayor que ésta en favor del transporte público?

Pero en el mundo de hoy la cohesión no sólo puede ser interna. También tiene que ser, necesariamente, externa. Ninguna región puede aspirar al liderazgo, como es el caso de Madrid, si no es capaz de integrarse perfectamente en un entorno nacional e internacional. Por eso, la cohesión social y territorial de Madrid se ajusta a un entramado de redes que garantizan que nuestra región mantiene abiertas todas las vías posibles de comunicación y cooperación: con España, con Portugal, con la Unión Europea, con Iberoamérica, con ciertas regiones especialmente cercanas de América del Norte y con el Magreb. De esa disposición abierta, que lleva mucho tiempo inscrita en la Historia de Madrid como su principal seña de identidad, pero que el Gobierno regional ha tomado como bandera propia, procede en buena parte el bienestar de la región y el desarrollo que ésta ha experimentado en los últimos años.

En ese conjunto de redes tanto físicas como virtuales que alimentan continuamente la prosperidad de la Comunidad de Madrid, que la renuevan y la enriquecen, hay ciertos puntos de intercambio cruciales, ciertos nodos de gran capacidad, que deben ser objeto de una especial atención. Así ocurre con el aeropuerto de Barajas, al que los madrileños deben el 10% de la riqueza que disfrutan, y cuya incidencia en nuestra economía explica por qué la Administración regional ha dotado a esta gran infraestructura de un servicio de facturación enclavado en el mismo corazón financiero de la ciudad, gracias a una audacia que sólo Hong Kong había demostrado antes en el mundo, y a una inversión de 282 millones de euros. Poner la capital a doce minutos del aeropuerto, con la eficacia característica de una línea de Metro de Madrid y al precio de un billete sencillo, no es, por tanto, más que reforzar una fuente de prosperidad que beneficia a todos los ciudadanos, además de ofrecerles un servicio público útil, novedoso y barato. En el fondo, se trata de una iniciativa que se anticipa a las necesidades que va a plantear el Gran Barajas, cuando dentro de poco atienda a 70 millones de pasajeros anuales frente a los 30 millones actuales. Porque es preciso, Señorías, que advirtamos el hecho sustantivo de que el de Madrid está a punto de convertirse en uno de los diez mayores aeropuertos del mundo, lo que en esta era de globalización equivale a decir una de las grandes plataformas estratégicas planetarias. Así lo ha comprendido este Gobierno desde 1995, cuando concibió la idea del gran intercambiador de transportes de Nuevos Ministerios culminada este año, y así lo demostró hace ya tres al llevar el Metro hasta Barajas por primera vez. De manera que, convenientemente comunicado Barajas por una parte, y despejado el futuro del transporte aéreo nacional tras acordar con el Ministerio de Fomento el emplazamiento de otro aeropuerto en Campo Real, por otra, podemos estar seguros de que las vías de comunicación de Madrid con el exterior mantendrán su fluidez durante muchos años. Situación que además se verá reforzada por las futuras líneas de Alta Velocidad ferroviaria hacia Barcelona, Levante, el Noroeste de España y Lisboa.

Que estas infraestructuras canalizan hacia nuestra región cuantiosos flujos de inversión, empleo y bienestar es algo que en estos siete años se ha hecho muy visible. La posición de Madrid como segundo destino mundial del turismo de convenciones y negocios después de Londres, el hecho de que hoy atraiga a un 30% más de visitantes que en 1995, o la clara recuperación de la actividad turística tras el 11 de septiembre, expresan nítidamente el acierto que supone haber emplazado a Madrid en el centro no ya de la vida económica, social y cultural de España, sino del Sur de la Unión Europea. Todo lo cual viene a demostrar que el fenómeno de la capitalidad no tiene tanto que ver con el azar de una determinada situación geográfica como con la capacidad de erigirse en mediador, de abrir las fronteras y de escuchar a todo el mundo. En justo reconocimiento a esa actitud, Madrid terminará por alcanzar en 2003 lo que parecía imposible: una aduana marítima, la quinta de España, que se situará en el Puerto Seco de Coslada, verdadero nudo de comunicaciones alimentado por las mercancías del Atlántico, el Mediterráneo, Europa y el Norte de África. Aunque bien es cierto que son ya innumerables los ejemplos que testimonian el éxito de este planteamiento, que nos permite vivir una globalización sin miedos y sin incertidumbres, desde una posición de fortaleza ratificada por el respaldo de la inversión extranjera, que el año pasado continuó representando el 72% de todo el capital que llegó a España, después de haberse multiplicado por 7,3 desde 1995, y alcanzar los 5,8 billones de pesetas en 2001. Una progresión que no se justifica sólo por el paso del tiempo, y que demuestra que, donde antes había una región cerrada en sí misma, hoy hay otra abierta al mundo.

A este respecto, no es el menor de esos ejemplos la pujante actividad ferial de Madrid, que en cuatro años se ha multiplicado por cuatro, y que todavía no ha detenido su crecimiento. Se trata de un proceso de expansión que hace a la Comunidad de Madrid cada vez más próspera, más activa y más protagonista, y de una prueba irrefutable de los buenos resultados que una relación de cooperación entre instituciones puede producir. Me refiero, claro está, a Ifema, que este año ha tenido que aumentar el espacio dedicado a exposiciones en más de 50.000 metros cuadrados, lo que la sitúa entre las tres ferias europeas de mayor tamaño. 18.000 expositores y cuatro millones de visitantes pasarán en 2002 por sus 71 ferias, generando 2.300 millones de euros anuales en la región, y garantizando, en consecuencia, el empleo y la prosperidad de cientos de miles de madrileños. Sin embargo, esa prosperidad va a ser aún mayor, debido al aumento de la oferta ferial de Madrid en un 22% y el incremento de los ingresos en un 25%, con el consiguiente aumento de los viajes de negocios a Madrid y su impacto positivo en los servicios.

La naturaleza de esas redes que mantienen a Madrid en el mundo no es sólo física, sino también virtual, aunque en todos los casos igualmente productiva. Y ruego a Sus Señorías que no se dejen engañar por esa palabra aparentemente difusa: virtual. Porque si bien la cantidad de bienes comercializados hoy no es superior a la de hace 30 años, el valor de la economía global durante este periodo ha aumentado dos veces y media, lo cual quiere decir que es el intercambio de información, y no de bienes materiales, lo que ha sido crucial para la creación de valor. De ahí la importancia de que nuestra región tenga más conexiones de banda ancha que ninguna otra, de que todos los municipios de más de 2.000 habitantes vayan a disponer desde ahora de una, de que el 41% de las empresas de información y comunicaciones estén asentadas aquí y controlen casi la mitad de la cuota de mercado, y, en resumen, de que Madrid se haya integrado rápidamente en la Sociedad de la Información de un modo democrático y eficaz. Integración, por otra parte, que se ha producido no ya de puertas adentro, donde el 48% de las pequeñas y medianas empresas disponen de una página web, y donde el porcentaje de empresas con comercio electrónico dobla el de Cataluña, sino también en el contexto internacional, dentro del cual Madrid se ha convertido en sede del primer Nodo europeo de Acceso a la Red, con características similares a los otros cinco ya existentes en el mundo. Al poner a nuestra región en el primer plano de la Sociedad de la Información mundial, esta gran infraestructura de la alta tecnología, a la que se ha llamado "el aeropuerto de las comunicaciones", traslada el papel crucial que Madrid desempeña en las actividades logísticas tradicionales al ámbito de las redes telemáticas, distribuyendo, en lugar de mercancías tangibles, tráfico de Internet, datos, voz, imagen y toda clase de servicios. El respaldo del Gobierno regional a este proyecto, que promueve con una participación del 20% de la inversión, ha hecho posible su instalación en Alcobendas. Obviamente, su beneficio no se limita a los 1.200 empleos que crea, ni tampoco al servicio avanzado que ofrece a las empresas de Europa, sino que se manifiesta en la confianza que expresa en la capacidad y el liderazgo tecnológico de Madrid. La presencia de esta infraestructura atraerá a la región a numerosas compañías de nuevas tecnologías, creará empleo cualificado y hará más competitivo al conjunto de las empresas madrileñas. También situará en un entorno más favorable a sus actividades a nuestras Universidades y centros de investigación.

Universidades y centros de investigación que, junto a las empresas, son los verdaderos protagonistas del esfuerzo en materia de I+D que ha permitido a la Comunidad de Madrid alcanzar esta posición de liderazgo dentro de las regiones europeas. De ahí que el Gobierno regional esté reforzando esta situación mediante actuaciones que permiten estrechar lazos entre el mundo científico universitario y el empresarial, con iniciativas ligadas a parques tecnológicos e infraestructuras de apoyo empresarial como Tecnoalcalá, Leganés Tecnológico, Móstoles Tecnológico, Área Tecnológica del Sur y el Parque científico de Madrid. Y de ahí, en fin, el Plan de Choque que llevará la Sociedad de la Información a las PYMES de la región con una inversión de 360,6 millones de euros en dos años. De lo que se trata, en definitiva, es de mantener y elevar ese 32% de actividad investigadora que Madrid concentra en España, nueve puntos por delante de Cataluña, para asegurar que en el futuro la región siga siendo un foco de innovación y nuevas soluciones a las necesidades de un mundo distinto.

Toda esta densidad de esfuerzos, de recursos, de medios humanos y materiales, toda esta cohesión, es la que garantiza seguridad a los ciudadanos de Madrid. Seguridad en múltiples y complementarios aspectos, que hoy permiten a los madrileños mirar hacia el futuro con mayor confianza que en los años ochenta y primeros noventa. Seguridad en el trabajo, gracias a la creación de empleo estable y a una economía sólida. Seguridad de poder recurrir a una Sanidad pública humana y eficaz, que apenas siete meses después de haber sido transferida a la Comunidad de Madrid ya disponía de un Plan de Calidad Integral que destinará 1.800 millones de euros a los hospitales madrileños de aquí a 2007, pagará mejor a sus profesionales, reducirá las listas de espera y llevará la atención médica a cotas de excelencia europeas. Seguridad de los consumidores, de los empresarios y del sistema económico regional, que hoy ya incluye un Servicio de Defensa de la Competencia que habrá de culminar en un Tribunal propio. Seguridad para los padres y las madres de la región, que disponen de una extensa red de centros de enseñanza para sus hijos cuyo Mapa Escolar será presentado la próxima semana. Seguridad para nuestros jóvenes, que saben que podrán incorporarse al mercado laboral y a la investigación de vanguardia tras pasar por uno de los sistemas universitarios más completos de Europa, financiado por el Gobierno regional con el doble de recursos que en 1995 por lo que se refiere a gasto corriente, con un 219% más de inversiones que entonces, y con una subvención por alumno de 4.000 euros, que hace siete años no pasaba de 1.992. Seguridad intelectual de los ciudadanos al acceder a una cultura plural y a salvo de sectarismos, debido a la presencia del mayor número de creadores de toda España en Madrid, según informa la Sociedad General de Autores y Editores, y según sostiene el escritor portugués Antonio Lobo Antunes, quien afirma que "el gran centro cultural europeo se ha trasladado de París a Madrid y Barcelona".

Y también, desde luego, seguridad ciudadana. Porque, contrariamente a lo que insinúan los augurios de quienes proyectan una visión agónica de nuestra convivencia, Madrid no va a ser un foco de inseguridad rampante donde los ciudadanos vivan atemorizados. Todo lo contrario. Nos proponemos hacer de Madrid un espacio más seguro, y por lo tanto más libre, porque las condiciones socioeconómicas de esta región son las mejores de todo el país para hacer frente a fenómenos que no por novedosos debemos contemplar como insuperables. La madrileña es una sociedad estable gracias a que es rica en capital social, y eso significa que los ciudadanos de esta región están en disposición de hacer frente a la inseguridad ciudadana que afecta a todas las grandes aglomeraciones urbanas del mundo siguiendo su propia vía. ¿Qué vía es ésa? Es la vía del bienestar, de la integración, de la política social, que es la vía que corresponde a las Comunidades Autónomas. Y es a la vez la vía que los tres Grupos Parlamentarios de esta Asamblea aprobaron por unanimidad cuando se mostraron de acuerdo en que la mejor manera de garantizar la seguridad ciudadana era dejarla en manos de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, y en consecuencia decidieron no solicitar las competencias en este terreno. Es la vía, por tanto, que nos indica el artículo 26, apartado 1.28, de nuestro Estatuto de Autonomía, que asigna a la Administración regional la coordinación de las policías locales y el asesoramiento técnico a los Ayuntamientos, cometido actualmente desarrollado por el Instituto Superior de Ciencias de la Seguridad. Es la vía que pone en claro el Título Propio en esa materia creado en dicho centro. Es la vía que seguirá el Decreto de Disciplina Deportiva de la Comunidad de Madrid para regular las infracciones que cometan las organizaciones deportivas y atajar así la violencia en los estadios. Es la vía, en fin, que describe el Pacto de Estado para la Justicia suscrito por el Partido Popular y el Partido Socialista, a raíz del cual el Gobierno va a convocar, entre este año y 2004, 20.000 plazas de Policía Nacional y Guardia Civil, además de efectuar una importante reforma en la Ley de Enjuiciamiento Criminal y otra en el Código Penal, dentro de un Plan de Lucha contra la Delincuencia que va a beneficiar muy directamente a la Comunidad de Madrid.

Esta vía propia, en definitiva, es la que entre todos hemos acordado. Insistamos por ello en ese principio del liderazgo como capacidad de sumar voluntades. Porque ésa ha sido la fuerza de Madrid en estos siete años. Frente al viejo darwinismo del todos contra todos, una nueva lógica regula hoy el mundo. No es un programa para el futuro, sino una realidad que está ya aquí. Como observa el ensayista Jeremy Rifkin, "los niños de hoy están creciendo en un mundo de redes y conectividad en el que las agresivas nociones de mío y tuyo [...] están dejando paso a otros medios de percibir la realidad más interdependientes y vinculados; más cooperativos que competitivos y más relacionados con las nociones de sistema y con la construcción del consenso". Por eso la ciudadanía nos demanda a los representantes públicos soluciones y no etiquetas, por eso nos pide ánimo sincero de entendimiento para impulsar los cambios que son necesarios, y no estériles debates sobre filiaciones, agravios históricos o purezas de sangre ideológica. Y he de aclarar, Señorías, que sostener esto no significa enterrar la política ni renunciar a las convicciones, sino hacer un ejercicio respetuoso de estas últimas en aras de una práctica más útil y eficaz de la primera. De ahí, Señorías, que este Gobierno regional, que es un Gobierno del Partido Popular, haya tenido el acierto de ser sensible a esa expectativa de los ciudadanos y haya dialogado con todos los sectores de la sociedad a la hora de llevar a la práctica unas medidas políticas que estaban cargadas de convicciones, pero que no nos impedían escuchar a unos y otros. Los madrileños saben que toda la política de este Gobierno, desde la firma del Pacto por el Empleo, el Desarrollo y la Formación en 1995, hasta el Plan para la Mejora de la Calidad de la Enseñanza No Universitaria, suscrito en 1999, o el mencionado Plan de Calidad Integral de los Servicios Sanitarios de la Comunidad de Madrid, de fecha más reciente, ha estado presidida por ese principio de diálogo y cooperación.

Venciendo conservadurismos de izquierdas y de derechas, y colocando en su lugar la determinación de poner de acuerdo a los ciudadanos para participar en un proyecto compartido, hemos sabido impulsar fórmulas imaginativas que, de acuerdo con la lógica descrita por Rifkin, han vencido los prejuicios antiguos sobre lo público y lo privado, sobre lo mío y lo tuyo, y en cambio han puesto el acento en lo nuestro, en lo que es de todos los ciudadanos. Este Gobierno ha ganado voluntades al servicio de los ciudadanos y ha abierto así un camino de puro sentido común, gracias a su carencia de ideas preconcebidas, a su libertad frente a barreras mentales. Camino, por cierto, rápidamente seguido por otras Administraciones, cuando han constatado –y cito literalmente– que el transporte "es un área donde es importante la participación [...] y es posible hacer un esquema de confluencia de intereses públicos y privados", que "mantiene en las nuevas infraestructuras que se crean su carácter de servicio público", y donde, "al mismo tiempo, hay un anticipo de inversiones por parte del sector privado para tener cuanto antes la infraestructura y garantizando a su vez un nivel de calidad y de servicio óptimos". Cita, como digo, que es literal, tomada de las acertadas palabras de la Consejera de Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía, quien explica de modo elocuente las virtudes de este sistema a propósito de los metros ligeros de Sevilla, Málaga y Cádiz.

Por defender estos principios elementales, el Jurado que otorga el Premio Príncipe de Asturias de Ciencias Sociales ha distinguido este año con su galardón a Anthony Giddens. Giddens viene pidiendo desde hace algún tiempo lo que él denomina "democratizar la democracia", que no es otra cosa, según sus propias palabras, que "una devolución efectiva del poder allí donde [...] está fuertemente concentrado". Trasladado a nuestro caso, democratizar la democracia equivale a impulsar una segunda descentralización como la que el Gobierno regional ha hecho posible mediante el Pacto Local. Porque, una vez cumplimentadas las transferencias de Sanidad y Justicia, y alcanzado por tanto el máximo nivel de competencias definido por nuestro Estatuto, es hora de abrir una nueva etapa que, por una parte, complete el modelo de organización territorial del Estado, y, por otra, redefina el ámbito de competencias de las Administraciones locales reconociéndoles un legítimo protagonismo.

Ha llegado, por tanto, la hora de los Ayuntamientos, y el momento de plantear un modelo de Pacto Local que otorgue a los municipios la posibilidad de asumir mayores responsabilidades de gestión. Pero no lo entendamos como un acto de generosidad política o de condescendencia legislativa por parte de las Comunidades Autónomas, al transferir a los municipios unas competencias que hasta ahora detentaban, sino más bien como la respuesta a una exigencia de los propios ciudadanos, que reclaman una alta eficacia en los servicios que se financian con fondos públicos. En otro plano, también Madrid debe contar con un estatuto especial que sea regulado por una ley estatal.

La Comunidad de Madrid, tras la elaboración de los dos anteproyectos de Ley de Administración Local y de Desarrollo del Pacto Local, ha continuado trabajando hasta hoy en este gran Pacto, convirtiéndose así en la Comunidad pionera en su desarrollo. Desde la última vez que comparecí ante Sus Señorías en un Debate sobre el Estado de la Región, se ha constituido la Comisión para el Desarrollo del Pacto Local, que es el grupo de trabajo encargado de mejorar el contenido y la definición de los dos Anteproyectos de Ley y está integrado por la Administración regional, los tres Grupos Parlamentarios de esta Cámara, la Federación de Municipios de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid. Para fundamentar técnicamente sus decisiones, esta Comisión ha acordado la constitución de un Grupo de Trabajo integrado por técnicos de la Administración regional, la Federación de Municipios y el Ayuntamiento de Madrid.

El modelo que define el Pacto Local por el que se ha optado en la Comunidad de Madrid es un modelo abierto en el que no se impondrá a ningún municipio la asunción de nuevas competencias, sino que serán estos los que, dentro del catálogo ofrecido por la Ley, podrán optar por aquellas que estén en condiciones de asumir. El Gobierno regional siempre será garante de los principios de solidaridad y equilibrio intermunicipal.

El principal instrumento articulado para ello es el Programa Regional de Inversiones y Servicios de Madrid, una herramienta que ha contribuido no poco a cambiar el paisaje de los municipios de la región, y que el Pacto Local eleva a rango de Ley. Así, el PRISMA 1997-2000, ha promovido más de 2.000 actuaciones en los municipios de nuestra Comunidad, y ha contribuido de manera decisiva a impulsar el desarrollo en las localidades de la región, dotándolas de infraestructuras y equipamientos que reequilibran y vertebran el territorio. Se trata, en definitiva, de los resultados de una inversión final prevista de 622,8 millones de euros. Ahora, el PRISMA 2001-2005 continúa las mismas líneas básicas de planificación y ejecución, si bien se han introducido aquellas novedades que la experiencia aconsejaba, y se ha incrementado la dotación financiera hasta los 721,2 millones de euros. Al incluir la prórroga del PRISMA anterior, esta cantidad asciende a 840 millones de euros, de los cuales la Comunidad de Madrid aportará 531. De momento, el nuevo PRISMA ya se ha ejecutado en un 42,5%.

Este compromiso de la Administración regional con los municipios de la región va a intensificarse dentro de poco. Estoy en condiciones de anunciar a Sus Señorías que el Gobierno regional ha previsto la puesta en marcha de un Fondo Regional de Cooperación Municipal, mediante el cual colaborará económicamente en el establecimiento, mantenimiento y mejora de las infraestructuras creadas por el PRISMA. Este Fondo, que será incluido en la futura Ley de Administración Local, y se encuadrará dentro del PRISMA, servirá para que los Ayuntamientos puedan sufragar determinados gastos corrientes asociados a dichos equipamientos. Con esta iniciativa, el Gobierno regional revalida su apuesta por los municipios de Madrid, y de modo especial por los más pequeños.

Estos planteamientos vuelven a poner de manifiesto el interés del Gobierno regional por garantizar una cohesión territorial que se define por la aparición de nuevas dotaciones y servicios de calidad en aquellas zonas que cuentan con menos recursos, y que, por tanto, precisan de una atención especial. Como hemos visto antes, ése es el caso de la Sierra Norte, del Sur y del Corredor del Henares. En relación a la primera, debo destacar la aprobación del Plan Comarcal de la Sierra Norte de Madrid, mediante Acuerdo de Consejo de Gobierno de 13 de diciembre de 2001, que constituye el instrumento para la aplicación de las medidas políticas de desarrollo de la Sierra Norte. El Plan integra dotaciones por importe de 139,4 millones de euros y se estructura en 12 programas sectoriales, cuya ejecución corresponde a las distintas Consejerías en el ámbito de sus respectivas competencias, bajo los criterios de coordinación atribuidos al Patronato Madrileño de Áreas de Montaña. Por lo que se refiere al Sur, la inversión total del PRISMA 2001-2005 es de 275 millones de euros, mientras que en el Corredor del Henares se invertirán 152 millones.

Pero la disposición del Gobierno regional a fomentar el protagonismo de los ciudadanos en la vida de la región no se detiene en el ámbito municipal. El proyecto de ocho años que culmina el próximo mes de mayo ha podido desarrollarse y salir adelante gracias al permanente diálogo con la sociedad y al apoyo incondicional del Gobierno regional a determinados sectores que dentro de ésta son claves.

A este respecto, Señorías, tengo que mencionar en primer lugar a los inmigrantes, que en estos siete años han cobrado una presencia nueva y muy visible en la sociedad madrileña. Una presencia que, aunque alejada del 17% de la población total que representan en Londres, o del 20% de París, es muy significativa para el Madrid de hoy, donde un porcentaje inferior no impide una participación dinámica y constructiva. Porque hay que decir, con voz muy firme y muy clara, que la suya es una presencia abiertamente positiva, que ya forma parte indispensable del proyecto de bienestar en el que está empeñado esta región. Como observa la Dirección General de Inmigración de la Comunidad de Madrid, que en España es pionera en su clase, las personas que proceden de otros países y que conviven con nosotros están contribuyendo a que numerosos sectores básicos de nuestra economía mantengan su actividad y sigan creciendo, al tiempo que, al demandar bienes y servicios, cada uno de estos vecinos de nuevo cuño está creando dos nuevos puestos de trabajo. No olvidemos, en fin, que estos madrileños de adopción se convierten en contribuyentes netos que, mediante sus impuestos, refuerzan los recursos públicos y por tanto las posibilidades de desarrollar políticas solidarias y de cohesión. Hasta tal punto es conveniente y necesaria su participación que el Ejecutivo regional ha solicitado al Gobierno central que se le asigne a la Comunidad de Madrid un cupo de 2.285 trabajadores extranjeros dentro de los que van a recibir un permiso de trabajo en España.

Todas éstas son, por tanto, razones más que suficientes para dar una bienvenida sin reservas a una inmigración que en este Gobierno regional ha encontrado una voluntad probada de ofrecerle los medios que son necesarios para resolver algunas situaciones difíciles o para facilitar una integración no siempre sencilla. Entre los grandes hitos de este periodo se recordará sin duda la aprobación del primer Plan Regional de Inmigración de España, que involucra a varias Consejerías para atender las necesidades que se plantean en el terreno del empleo, la educación, la formación, la vivienda, la sanidad y la cultura. Estoy seguro, Señorías, de que todo este esfuerzo habrá de conseguir, junto a la tolerancia activa de la ciudadanía madrileña, una integración libre de fricciones, que por una parte evite la incomprensión de la sociedad de acogida y que por otra haga imposible aquellos particularismos excluyentes que se refugian en el pretexto cultural para no respetar la dignidad de todas las personas.

De ahí la importancia que el Gobierno regional otorga a la educación de los alumnos inmigrantes, para quienes se viene desarrollando desde 1999 una serie de medidas enmarcadas en el Acuerdo para la Mejora de la Calidad del Sistema Educativo no Universitario, y más concretamente en el Plan Regional de Compensación Educativa. Así lo reclama el rápido crecimiento de la población inmigrante en los últimos cuatro años: si en el curso 1999/2000 se escolarizaban en Primaria y Educación Secundaria Obligatoria 25.000 alumnos, en el actual suman más de 50.000. La necesidad de escolarizar con plenas garantías a estos niños, que poseen más de 100 nacionalidades y hablan 30 lenguas diferentes, ha dado pie a importantes programas de acogida, dotando a los centros de profesorado especializado y destinando recursos económicos complementarios para los que lo precisan. Entre las acciones emprendidas es preciso citar el diseño de un eje transversal para el currículo dedicado expresamente a la educación intercultural, así como la creación del Instituto Madrileño Intercultural, de un Servicio de Intérpretes para la asistencia a familias, y de otro Servicio de Apoyo Itinerante para el alumnado inmigrante. También, el incremento sustancial del profesorado de apoyo en educación compensatoria, que ha pasado de 364 profesores en el curso 1999/2000 a 900 en el actual. Para terminar con este aspecto crucial para nuestra futura convivencia, diré que, en la actualidad, los niños inmigrantes que llegan a nuestra Comunidad son inmediatamente escolarizados. No me cabe duda, en fin, de que en una región cuya percepción positiva de la inmigración supera en cinco puntos la media nacional, seremos entre todos capaces de integrar a estos niños como una garantía de tolerancia y prosperidad para el mañana.

Ésta es una necesidad de la que sin duda los jóvenes son especialmente conscientes, porque de hecho, son ellos quienes mejor pueden detectar los retos que el futuro nos depara. Por eso, con el objeto de dar respuesta a sus demandas y necesidades, y para generar oportunidades que contribuyan a su desarrollo integral, el Gobierno regional ha realizado a lo largo de estos tres años importantes actuaciones en materia de vivienda, empleo, medio ambiente, salud y participación juvenil. Esfuerzos que ahora culminan en el Plan Integral de Juventud y en la Ley de Juventud. Dicha Ley, que ya ha sido remitida a la Asamblea de Madrid, es pionera por su contenido en nuestro país y constituye un marco normativo común para la promoción integral de la juventud en la región. Respecto al Plan Integral de Juventud 2003-2006, en el que ya se está trabajando intensamente desde todos los departamentos del Gobierno regional, va a suponer un nuevo e importantísimo impulso para las políticas, acciones e inversiones que este Gobierno abordará en materia de juventud en los próximos cuatro años. Participación, cultura, empleo, vivienda, familia y atención preferente a los jóvenes más desfavorecidos serán sus capítulos principales. Pero sin duda la contribución mayor que este Gobierno ha realizado a la situación de los jóvenes madrileños estriba en haberles dado la oportunidad que merecen de incorporarse al mercado laboral, de la que en 1995 carecían en proporciones alarmantes. Si entonces el 40% de los jóvenes entre 16 y 24 años se encontraba en paro, hoy el paro juvenil ha caído al 14,1%. Después de una reducción del desempleo en este segmento del 25%, 43.600 jóvenes más tienen hoy un empleo respecto al total de población ocupada juvenil de 1995, y casi 82.500 han dejado de estar parados.

Señorías, este compromiso con la juventud denota confianza en sus capacidades y en sus verdaderas expectativas. Y sin duda hubiéramos defraudado esa confianza si hubiésemos aceptado que la única forma de ocio posible es el consumo masivo de alcohol en las calles de nuestra región. No estamos de acuerdo con ello, y no queríamos resignarnos a una visión tan empobrecedora de lo que significa la juventud. Por eso, este Gobierno ha tenido el coraje de afrontar directamente un problema que 50.000 jóvenes europeos pagan con su vida todos los años: el alcoholismo. El Gobierno regional ha hecho lo que le estaban demandando cientos de miles de padres de familia, de vecinos, y también de jóvenes y comerciantes, al aprobar una Ley de Drogodependencias y Otros Trastornos Adictivos que viene a completar la larga lucha que contra las drogas han librado los ciudadanos de esta región en los últimos años. A todas Sus Señorías debería llenarles de satisfacción, y estoy seguro de que así es, el hecho de que en esa lucha la Administración regional haya llevado la iniciativa durante estos siete años, con la valentía necesaria para promover el Dispositivo Asistencial de Venopunción o las muchas otras instalaciones puestas al servicio de aquellos enfermos que, con nuestra solidaridad, pueden dejar atrás la marginación y caminar junto a nosotros.

Junto a inmigrantes y jóvenes, la familia ha sido también objeto de una especial atención por parte del Gobierno regional. Familia que ya no se puede definir de un modo unívoco, y que en su nueva y diversa constitución pone a prueba la tolerancia y la capacidad de adaptación al cambio no ya de un Gobierno, sino de toda una sociedad. En la Comunidad de Madrid, esa sociedad acepta mayoritariamente las uniones de hecho como una opción perfectamente legítima, y por eso el Gobierno regional aprobó el año pasado la correspondiente Ley 11/2001, de 19 de diciembre, que ahora se acompaña del Decreto 134/2002, de 18 de julio, por el que se aprueba el Reglamento del Registro creado para ellas. Se consigue así eliminar las barreras jurídicas que pudieran suponer una discriminación a esta forma de convivencia, al equipararla en derechos a los matrimonios. De lo que se trata, en definitiva, es de fortalecer una institución, la familiar, que sigue siendo la estructura fundamental de la sociedad, y a la que el Gobierno regional ha querido apoyar con medidas que beneficien directamente su economía. Así, la Comunidad de Madrid ha elevado este año un 75% la deducción por nacimiento o adopción de hijos, que ha pasado de 159,27 euros a 280. Además, este beneficio se ha extendido en el mismo importe al acogimiento familiar de menores, manteniéndose el resto de las deducciones aplicables en años anteriores. Pero éste no es un compromiso que vaya a detenerse ahí. El Gobierno regional piensa seguir potenciando la línea de protección a la familia que el Estado ha iniciado mediante sus rebajas fiscales, y, de acuerdo con la política seguida por la propia Comunidad de Madrid, en su próximo proyecto de Ley de Medidas Fiscales y Administrativas incluirá nuevos beneficios fiscales.

Señorías, todos somos conscientes de que buena parte del peso de esta institución clave, la familia, es soportado, en la mayoría de los casos, por las mujeres. Mujeres a las que el Gobierno regional quiere ofrecer también un horizonte laboral y profesional. Sólo mediante un compromiso especial como el contraído por este Gobierno ha sido posible conseguir que el paro femenino se haya reducido nada menos que un 61%, cayendo 15,7 puntos respecto a la tasa de 1995, hasta situarse 6,3 puntos por debajo de la tasa nacional. 323.100 mujeres que no trabajaban hace siete años sí lo hacen hoy, permitiendo que 106.700 superaran el paro y, lo más importante, confirmando que la incorporación progresiva de la mujer a la actividad laboral es un hecho que hace a nuestra región más moderna, más justa y más equilibrada. Aunque este compromiso en favor de la mujer constituye una apuesta compartida por toda la Administración regional, es más fácil de entender si Sus Señorías consideran que las mujeres ya han alcanzado en el seno de este Gobierno una situación de paridad real respecto a los hombres. Sin necesidad de acogerse a cuotas ni a ayudas paternalistas, sino simplemente recurriendo a su propio esfuerzo, las mujeres han conseguido desempeñar en la actualidad la mitad de los puestos directivos del Gobierno, cuando en 1995 sólo ocupaban el 34% de los cargos.

Por desgracia, no todas las mujeres de la región disfrutan del mismo grado de reconocimiento. Ello ha convencido al Gobierno regional de que debía embarcarse en una lucha abierta contra los maltratos y la violencia en el seno familiar. Esa lucha, que en realidad debe ser la de toda la sociedad, comprende desde el ejercicio de la acción popular a cargo de los servicios jurídicos de la Comunidad de Madrid, a las 45 medidas que componen el Programa de Acciones contra la Violencia de Género, aprobado el 6 de septiembre del pasado año con vigencia hasta 2004, y al que hasta ahora se han dedicado 10,3 millones de euros.

Donde mejor se comprueba el grado de compromiso del Gobierno regional con estos sectores y con el principio de solidaridad que le anima a trabajar cerca de ellos es en los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid, actualmente fijados en la respetable cantidad de 13.496,3 millones de euros. Respecto a las grandes líneas de la política presupuestaria para el próximo ejercicio, éstas establecen la consecución del pleno empleo como primer objetivo, poniendo las bases y condiciones necesarias para que la iniciativa de la sociedad civil siga generando puestos de trabajo estables y de calidad. Como novedad del ejercicio de 2003, cabe señalar la inclusión, por vez primera, del gasto generado por las competencias sanitarias tras su transferencia por parte de la Administración central, ámbito en el que debe resaltarse la puesta en marcha del ya mencionado Plan de Calidad de los Servicios Sanitarios de la Comunidad de Madrid. Asimismo, y como prueba de la función solidaria que la Administración regional ejerce no sólo con las capas más desfavorecidas de la sociedad, sino con todos aquellos que se encuentran en una situación de necesidad, es preciso subrayar las cantidades destinadas a políticas de servicios sociales, que en el ejercicio anterior se incrementaron un 12%. Finalmente, y de modo muy especial, debo mencionar el esfuerzo singular que representa la partida destinada a Educación, en la que destaca la conclusión el próximo año del Plan de Calidad aprobado en 1999. Esta última partida se encuentra en consonancia con una intensa política educativa, dotada en 2002 con el 42% del presupuesto total de la Comunidad de Madrid. De éste, 2.264 millones de euros se dedican sólo a la enseñanza no universitaria, el 80% de la misma de prestación pública.

En suma, los Presupuestos de 2003 conciliarán solidaridad pública y disciplina presupuestaria, compartiendo las directrices emanadas de la Unión Europea y del Gobierno de la Nación, mediante un modelo de crecimiento respetuoso con el equilibrio presupuestario. El mismo modelo que ha logrado reducir progresivamente el déficit presupuestario que el Gobierno regional encontró en 1995, para iniciar, dos años después, una senda de superávit que en 2000 sumaba ya 563 millones de euros.

En parte, la eficacia de ese modelo ha sido posible gracias a la existencia de un modelo de financiación autonómica del que la Comunidad de Madrid ha sabido obtener los recursos necesarios para ejercer sin estrecheces su autonomía. Según los datos relativos a la liquidación del sistema de financiación vigente entre 1997 y 2001 correspondientes al año 2000, es evidente que dicho sistema ha situado a Madrid a la cabeza de las regiones en cuanto a crecimiento de financiación. Así, Madrid ganó, entre 1997 y 2000, un 38% de recursos, proporción superior a la de cualquiera de las otras regiones españolas, y 4 puntos por encima de la media nacional.

Ahora, disponemos de un nuevo sistema de financiación que mejora el anterior. El año pasado ya transmití a Sus Señorías la satisfacción de este Gobierno por el acuerdo que en julio habíamos logrado alcanzar las Comunidades Autónomas y la Administración central. Sin embargo, en aquella ocasión aún no se habían producido algunos hechos que ahora quiero exponerles. En primer lugar, y por primera vez en la historia de los modelos de financiación autonómica, se ha dotado al modelo vigente de transparencia, seguridad y estabilidad jurídica, al plasmarlo de manera íntegra en forma de Ley, en este caso la Ley 21/2001, de 27 de diciembre, por la que se regulan las medidas fiscales y administrativas del nuevo sistema de financiación. En segundo lugar, se ha modificado la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas, con objeto de habilitar jurídicamente la cesión a las regiones de la nueva cesta de tributos cedidos: esto es, del 33% del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, del 35% del Impuesto sobre el Valor Añadido, del 40% de los Impuestos Especiales de Fabricación, y del 100% de los Impuestos sobre la Electricidad y sobre Determinados Medios de Transporte. En tercer lugar, se ha creado, mediante la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, un nuevo impuesto sobre las ventas minoristas de determinados hidrocarburos. Con la creación de esta nueva figura tributaria la Administración del Estado ha recogido íntegramente las peticiones que todas las Comunidades formulamos el 27 de julio del pasado año en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Y en cuarto y último lugar, se ha alcanzado un acuerdo plenamente satisfactorio con el Estado sobre el traspaso efectivo a la Comunidad de Madrid, desde el 1 de enero, de las funciones y servicios del Instituto Nacional de la Salud. Este traspaso ha sido la pieza clave que ha permitido a todas las regiones completar sus recursos tributarios con la cesión de la nueva cesta de impuestos.

En resumen, todo esto se expresa en el hecho fundamental de que la Comunidad de Madrid está en disposición de acompañar la plena madurez institucional y política que ha surgido del proceso de traspasos con la necesaria madurez financiera que le permite dotar de contenido a la primera. En otras palabras: los madrileños son ya autónomos porque saben cómo gobernarse, y porque además cuentan con los recursos financieros para hacerlo. El proyecto autonómico que nació en 1983 ha dejado de ser un propósito y es ya una realidad.

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En ese camino que lleva del proyecto a la realidad, el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha ido dando forma a las expectativas de una ciudadanía ambiciosa. Hace siete años, los madrileños carecían de la conciencia, que hoy sí manifiestan, de que las instituciones autonómicas son un poderoso instrumento al que hay que reclamarle progreso socioeconómico y generación de bienestar. En aquel entonces, veían todavía a la Administración regional como un símbolo del autogobierno que nos había tocado en suerte más que como una vía hacia el desarrollo. La acción de las Consejerías que integran el Consejo de Gobierno ha subvertido esa visión.

En primer lugar, lo ha hecho la Consejería de Presidencia, importante nexo institucional con el Estado y con la Unión Europea, a los que hace llegar la voz de los intereses madrileños. Por lo que se refiere al proceso de transferencias, el trabajo desempeñado por esta Consejería ha dado eficaz cumplimiento a lo anunciado en los últimos Debates sobre el Estado de la Región. Así ocurre con el Acuerdo de traspaso a la Comunidad de Madrid de las funciones y servicios del Instituto Nacional de la Salud, o con el Acuerdo de aceptación del nuevo Sistema de Financiación, así como de fijación del valor inicial del Fondo de Suficiencia, entre otros. Debo mencionar también el Acuerdo aprobado por Real Decreto 600/2002, de 1 de julio, sobre traspaso de funciones y servicios de la Administración General del Estado a la Comunidad de Madrid en materia de provisión de medios materiales y económicos para el funcionamiento de la Administración de Justicia, con efectividad a partir del 1 de julio. Con todo ello, en fin, se ve cumplido efectivamente el compromiso asumido por el Gobierno regional de mantenerse a la vanguardia en el proceso de transferencias desde el Estado a las Administraciones autonómicas.

En una economía como la madrileña, la Política Regional Comunitaria contribuye a alcanzar ciertos objetivos estratégicos. De ahí la importancia de los logros conseguidos por el Gobierno regional en sus negociaciones con la Unión Europea. Si entre 1994 y 1999 la Comunidad de Madrid sólo recibió 501,6 millones de euros, en el periodo 2000 y 2006 esa cantidad asciende a 660,7, gracias a una mejor negociación.

La Consejería de Presidencia tiene también otro importante cometido: el de erigirse en defensora constante de la tolerancia y la solidaridad. Esa tolerancia se ha traducido, por ejemplo, en las ayudas a las personas que sufrieron prisión como consecuencia de los supuestos previstos en la Ley de Amnistía, a las que la Comunidad de Madrid ha destinado 1.000 millones de pesetas, hasta beneficiar a 1.732 personas si sumamos las dos convocatorias dirigidas a quienes pasaron un año en prisión. Idéntico sentido tiene el Reconocimiento a la Tolerancia otorgado por Acuerdo del Consejo de Gobierno a las víctimas del cruel atentado perpetrado hace ahora 25 años contra los abogados laboralistas de Atocha, así como al periodista Luis del Olmo.

Una Administración moderna garantiza a todos los ciudadanos una alta calidad en la atención que estos reciben. Calidad es rapidez, comodidad, sencillez en las gestiones, todo aquello, en suma, que va a hacer posible el Portal de Información y Servicios al ciudadano. En desarrollo del Plan Estratégico de Simplificación de la Gestión Administrativa de la Comunidad de Madrid, este Portal ofrecerá a partir de octubre la posibilidad de iniciar procedimientos vía Internet, pagar tasas y solicitar información de gestión, a través del Registro Telemático. Tampoco olvido el Decreto 21/2002, de 24 de enero, que regula la Atención al Ciudadano en la Comunidad de Madrid, ni la progresiva incorporación de los municipios madrileños a la Ventanilla Única, en la que ya participan 142 localidades, un 80% de las que conforman la región, de las cuales 115 se han adherido desde 1999.

Madrid Excelente es el marchamo más reconocible de esa calidad, que actualmente distingue a 101 organizaciones y pronto lo hará con otras 30. Lo es, como demuestra el hecho de que esta sociedad haya contribuido al cumplimiento de las propuestas de resolución aprobadas tras el último Debate del Estado de la Región al incorporar a sus criterios de concesión la adopción de políticas de Prevención de Riesgos Laborales, convertidas en requisito determinante.

Señorías, déjenme que renueve hoy el compromiso que este Gobierno regional ha contraído para someter a esta Asamblea un Proyecto de Ley Autonómico que permita la privatización de la gestión de Telemadrid, una vez que las Cortes Generales modifiquen la Ley de Terceros Canales. También debo recordar, por su relevancia, la Ley 2/2001, de 18 de abril, de contenidos Audiovisuales y Servicios Adicionales. Por lo que respecta al juego, cabe destacar la adjudicación por concurso público de una autorización para la instalación de un Casino de Juego en el municipio de Aranjuez, adjudicación que supone la puesta en marcha de un proyecto global que conlleva el desarrollo urbanístico de casi tres millones de metros cuadrados, y que además de la creación de un Casino de Juego pone especial énfasis en los servicios complementarios de los que esta instalación va a disponer, así como en la construcción de 3.050 viviendas, de las cuales el 45% son protegidas. Como consecuencia de todo ello, y después de una inversión de 531 millones de euros, 3.600 nuevos puestos de trabajo, entre directos e indirectos, demostrarán una vez más por qué el reequilibrio territorial de nuestra región es una realidad. Además, he de señalar que el Gobierno regional ha trabajado en el último año en el desarrollo reglamentario de la Ley 6/2001, de 3 de julio, del Juego de la Comunidad de Madrid.

Durante el último curso, la Consejería de Hacienda ha sido la responsable de seguir avanzando en el rigor presupuestario, la transparencia financiera y la corresponsabilidad fiscal que desde 1995 ha caracterizado la gestión pública en la Comunidad de Madrid. Lo ha hecho en la convicción de que sólo mediante políticas responsables pueden las Comunidades Autónomas colaborar con el Estado en el reto compartido de la construcción europea.

Desde el 1 de enero, fecha en que entraron en vigor las nuevas Leyes de Estabilidad Presupuestaria, esa convicción está respaldada por un marco jurídico nuevo, que permitirá garantizar el objetivo de la estabilidad presupuestaria. Configuradas como normas de mínimos, estas Leyes reservan a las Administraciones regionales la función de introducir los instrumentos y procedimientos necesarios en sus normas reguladoras en materia presupuestaria. En consecuencia, la Comunidad de Madrid habrá de adaptar su normativa y procedimientos a sus requerimientos, avanzando en la política de consolidación presupuestaria que tan buenos resultados ha propiciado en nuestra región durante las dos últimas Legislaturas.

Todo lo cual lleva al Gobierno regional a renovar su compromiso de contención del déficit, compromiso avalado por el resultado presupuestario de equilibrio y el superávit de estos últimos años. Si bien debo subrayar que la contención del déficit no es tanto un fin en sí mismo, como un medio a través del cual se garantiza el crecimiento de la economía y la creación de empleo, así como la plena cobertura de las políticas públicas de bienestar social.

Otra de las características que definen la política presupuestaria del Gobierno regional ha sido la transparencia, cuya necesidad se verá acentuada en los próximos años debido a la exigencia de una información cada vez más exhaustiva que permita verificar el cumplimiento del objetivo de estabilidad. De este modo, podremos seguir aprovechando las ventajas derivadas de la credibilidad de un buen comportamiento presupuestario. Ése es el mensaje que transmiten las agencias de rating Standard and Poor’s y Fitch Ratings, que han confirmado la calificación de la Comunidad de Madrid como "AA con perspectiva estable", a la vez que en diciembre de 2001 Moody´s modificaba al alza nuestra valoración desde "A1 con perspectiva estable" hasta "Aa3". En palabras de dichas agencias, estas calificaciones reflejan "la fortaleza y diversificación de la economía madrileña, el aumento de la autonomía fiscal de la Comunidad de Madrid y una buena disciplina presupuestaria".

Como anuncié a Sus Señorías en el último Debate sobre el Estado de la Región, la razón principal que reclamaba la creación de una Consejería de Hacienda separada es el importante volumen de recursos presupuestarios que la asunción de nuevas competencias iba a generar. Prueba de ello es el traspaso de las funciones y servicios del Insalud a nuestra región, el de mayor envergadura, cuantitativa y cualitativa, de los habidos en el ya maduro proceso de descentralización. En este sentido, el Real Decreto 1479/2001 fija la valoración de las funciones y servicios traspasados en 3.019 millones de euros en el año base 1999, que se convierten para el año 2002 en la cantidad de 3.720 millones de euros. Esta suma, ya en el primer año de funcionamiento del nuevo sistema de financiación, representa un crecimiento sobre la financiación inicial del año base en un 23,1%, casi dos puntos por encima de lo que hubiéramos recibido con el anterior sistema de financiación de la sanidad, que tomaba como único índice de referencia el crecimiento del PIB nominal, en este caso un 21,3%.

Un último asunto, de interés capital para todos y cada uno de los ciudadanos, entra en el ámbito de la Consejería de Hacienda. Me refiero al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, que gracias al nuevo Sistema de Financiación Autonómica incrementa la corresponsabilidad fiscal de las Comunidades Autónomas, que pasan a participar del 33% de la recaudación líquida obtenida en su territorio. Además de esta novedad, es importante recordar que, en estos momentos, nos encontramos inmersos en un importante proceso de reforma del IRPF, después de que el actual Gobierno de la Nación llevara a cabo en 1998 un profundo cambio estructural del Impuesto, acompañada de una sustancial rebaja fiscal. Ahora, el Gobierno de la Nación rebaja por segunda vez el IRPF, en un proyecto que la Comunidad de Madrid apoya decididamente. Compartimos el espíritu de la reforma, puesto que pone un énfasis especial en las familias, los mayores, los discapacitados y el empleo.

La Consejería de Justicia y Administraciones Públicas es otro de los pilares administrativos fundamentales sobre los que se sustenta la autonomía madrileña. Especialmente en una Legislatura como ésta, que culmina con el traspaso de las competencias estatales en una materia de cuyo eficaz desempeño dependen tanto la calidad de nuestra convivencia como la competitividad de la región. Así, las diversas reestructuraciones administrativas habidas en los últimos años, con la creación de la Dirección General de Justicia en junio de 1999, y de una Consejería especifica responsable en la materia, en mayo de 2000, han permitido concentrar los esfuerzos para preparar de la manera más adecuada el proceso de transferencias, de resultados tan satisfactorios.

La asunción de las transferencias ha requerido, por tanto, de un proceso preliminar. En él, la Comunidad de Madrid ha suscrito diversos Convenios con incidencia en los distintos aspectos de este ámbito. A través de estos, la Administración regional ha venido desarrollando desde 1999 una importante labor formativa orientada a los profesionales de la Justicia, ofreciendo casi 1.500 plazas para unas 30 actividades formativas, lo que supone más de 1.800 horas lectivas. A los continuos contactos para conocer la opinión de los colectivos implicados en la Administración de Justicia madrileña, hay que añadir las actuaciones realizadas para tener una percepción más exacta de sus necesidades en términos materiales. Con este objeto, se encuentra en estudio el estado real de las sedes judiciales de la región. Finalmente, y con el objetivo de acercar la Justicia al ciudadano, así como de mejorar la visión que de la misma perciben los madrileños, se ha elaborado la Guía de la Justicia.

Las transferencias se han articulado en dos fases. Una primera, con efectividad de 1 de julio de 2002, que afecta a los medios materiales y económicos, al personal laboral y la gestión económica, con un coste de casi 63 millones de euros. Y una segunda, con efectividad de 1 de enero de 2003, que supondrá el traspaso de todo el personal funcionario, unos 5.500 efectivos, pertenecientes a diferentes cuerpos nacionales, e incluye por tanto a médicos forenses, oficiales, auxiliares y agentes judiciales. En total, la transferencia afecta a 371 órganos judiciales, de los cuales 229 se encuentran en Madrid capital. Para albergar a estos últimos, y con objeto de resolver los problemas de falta de espacio y dispersión de sedes, el Gobierno regional llevará a cabo en los próximos años un proyecto ambicioso y de gran envergadura: la construcción de un Campus de la Justicia en la prolongación del eje Norte de la Castellana, para lo que se firmó el pasado 21 de junio un Convenio de Colaboración entre todas las Administraciones implicadas. La unificación en una sede de todos los órganos judiciales madrileños y de la Audiencia Nacional conllevará innumerables ventajas no sólo para los profesionales de la Justicia, sino también para los ciudadanos que tengan que recibir este servicio público.

Pero la Consejería de Justicia y Administraciones Públicas ejerce también responsabilidades en materia de Función Pública. Desde 1995 el Gobierno regional viene impulsando una vigorosa modernización de la Función Pública madrileña, un ámbito complejo compuesto por 129.000 trabajadores, dentro de una plantilla que este año se enriquece con una oferta de empleo público de 4.024 plazas, que se encuentra muy lejos, por tanto, de las 889 en las que se amplió en 1995. Ahora, nos proponemos continuar trabajando para convertir el aparato administrativo tradicional en el motor de un sector público moderno.

Con ese fin, se ha realizado en estos siete años un importante esfuerzo para mejorar las condiciones de trabajo de los empleados públicos. El último de los aspectos de ese esfuerzo, aunque no el único, es la implantación de la jornada de 35 horas desde el 1 de enero de este año, con la consiguiente creación de nuevos puestos de trabajo, y después de la firma del Convenio Colectivo para el personal laboral el 29 de junio de 2001, y el Acuerdo Sectorial para funcionarios de Administración y Servicios en la misma fecha.

Pero además, esta mejora de las condiciones de la Función Pública ha llevado al Gobierno regional a desarrollar en el último año una serie de proyectos encaminados a actualizar el marco normativo. Así, el proyecto de funcionarización del personal laboral constituye sin duda el programa más importante en materia de Función Pública abordado por la Administración autonómica desde que, a mediados de los años ochenta, se aprobó su ley reguladora. Dos medidas, aprobadas con el acuerdo unánime de las organizaciones sindicales más representativas, articulan este proceso. Por un lado, el Decreto de Funcionarización del personal laboral que presta sus servicios en áreas de Administración. Por otro, el Decreto de Laboralización de los funcionarios a extinguir, que desempeñan puestos de trabajo tipificados como oficios o de especiales requerimientos técnicos.

Además, otro aspecto resulta crucial para la valiosa labor que desempeña la Función Pública madrileña: su formación. El Gobierno regional ha elaborado a lo largo de este último año un Plan de Formación Plurianual, que incorpora las acciones formativas de 2002 y 2003.

Señorías, Madrid es la región que genera más empresas en España, siendo además la que concentra el 50% de las 500 firmas españolas más importantes, más del 40% de las que emplean a más de 500 asalariados, y el 90% de las sociedades integradas en el índice general de la Bolsa de Madrid. Examinemos ahora cómo y porqué, atendiendo a las tres grandes líneas estratégicas seguidas por la Consejería de Economía e Innovación Tecnológica: el desarrollo territorial, el fomento de la competitividad de nuestro tejido productivo y el apoyo al sector empresarial.

En lo relativo a la primera línea estratégica, la referida al desarrollo regional, el Gobierno de la Comunidad de Madrid ha actuado desde el principio de que el suelo destinado a las actividades productivas constituye un factor clave de competitividad. Esa convicción nos ha llevado a superar el compromiso de generar 10 millones de metros cuadrados de nuevo suelo industrial en la presente Legislatura y a impulsar un ambicioso Programa de Modernización de Polígonos Industriales que prevé actuar, en los próximos dos años, sobre otros 9 millones de metros cuadrados.

El empeño en modernizar los espacios industriales de la Comunidad de Madrid nos ha llevado también a establecer alianzas con asociaciones empresariales y Ayuntamientos. Así, el esfuerzo conjunto de la Administración regional, las Corporaciones locales y el sector privado se ha traducido en una importante transformación del paisaje industrial. En 46 municipios de la región, esa transformación se materializa en 171 actuaciones en polígonos industriales. Lo cual es tanto como decir que, entre 1995 y 2000, el Gobierno regional ha modernizado una superficie de 7.819 hectáreas, o, lo que es lo mismo, el 60% del suelo industrial consolidado en la región. Dichas actuaciones han supuesto una inversión global de 149,3 millones de euros, en la que la participación de la Comunidad de Madrid se ha cifrado en 40,1 millones de euros. Las empresas beneficiadas por este conjunto de iniciativas han sido 21.953, lo que afecta directamente a 262.853 trabajadores.

El segundo gran eje estratégico que ha trazado la Consejería de Economía e Innovación Tecnológica ha sido el fomento de la competitividad de nuestro tejido productivo. En este terreno, el programa clave para hacer de Madrid una de las regiones más competitivas de la Zona Euro es el Plan Estratégico de Modernización, Dinamización y Difusión Tecnológica, que, por incluir una lista de objetivos muy ambiciosos en un brevísimo periodo de tiempo, se conoce como Plan de Choque 2002-2003. Este Plan significa el comienzo de una auténtica revolución tecnológica en nuestra región y nuestra economía, que emprende una carrera competitiva en un contexto geográfico muy amplio.

Pero esta labor de fomento de la competitividad requiere también de medidas concretas dirigidas a sectores específicos.

El turismo ha sido objeto de una atención especial. El Plan Regional Integral del Turismo de la Comunidad de Madrid, puesto en marcha en 2001, tiene asignado un presupuesto superior a 36 millones de euros. Este Plan apuesta por la calidad, que en este periodo se incentiva y apoya mediante instrumentos novedosos como ayudas financieras a los proyectos acometidos por PYMES para la mejora de la calidad y de la gestión, convocadas por primera vez en el ejercicio 2002. Se trata de una iniciativa que viene a reforzar la recuperación del sector turístico madrileño, confirmada por el incremento de la afluencia de turistas a nuestros hoteles, en julio un 3% más alta que en el mismo mes de 2001, y muy por encima, por tanto, del 0,5% nacional. También corrobora esta tendencia el número de turistas alojados en los siete primeros meses del año, un 3% más que el año pasado, frente a los descensos de Valencia o Cataluña.

La calidad de vida de los ciudadanos ha sido una consideración determinante en otro de los sectores económicos con los que el Gobierno regional ha colaborado en este último año: el energético. Así, debo mencionar el impulso dado al enterramiento de líneas eléctricas aéreas de alta tensión, así como al fomento de las energías renovables. En el periodo 2001-2002 se han suscrito diversos convenios en estos campos. De un lado, uno con Iberdrola y Unión Fenosa para coordinar la cooperación con los Entes Locales, en el Desvío a Pasillo o Paso a Subterráneo de Instalaciones Eléctricas Aéreas de Alta Tensión en zonas urbanas, para lo que cada una de esas compañías aportará hasta 3,6 millones de euros. A la vez, se ha firmado otro con el Ayuntamiento de Madrid y con Unión Fenosa para hacer lo propio en la capital. En total, serán 275 millones de euros destinados a que el entorno urbano mejore sustancialmente. Además, este año se ha iniciado la elaboración del Plan Regional de Infraestructuras Eléctricas, ya aprobado por Consejo de Gobierno, con el fin de definir los corredores territoriales para la infraestructura eléctrica y otros servicios, de modo que tengan el mínimo impacto ambiental y sean compatibles con la ordenación del territorio. También en 2002, se ha firmado el Convenio de Colaboración con Red Eléctrica de España, S.A., Iberdrola, S.A. y Unión Fenosa, S.A. para la adecuación de las infraestructuras eléctricas y la calidad de suministro, lo que obliga a unas inversiones, por parte del sector privado, de 790 millones de euros hasta 2005, con el consiguiente efecto positivo sobre el abastecimiento y la continuidad de este servicio esencial.

El desarrollo rural también reviste un interés especial para la Consejería de Economía e Innovación Tecnológica. En este periodo, la Comunidad de Madrid ha sido pionera en España en poner en marcha el programa participativo de desarrollo rural por excelencia de la Unión Europea, el LEADER PLUS, como fórmula eficaz para la diversificación de la agricultura, el fomento de las inversiones y la generación de riqueza en el medio rural. Además, el Plan Nacional de Regadíos, firmado con el Ministerio de Agricultura en marzo, ha empezado a dar los primeros pasos para poner en marcha las infraestructuras que permitirán disponer de 13.300 hectáreas en regadío en las principales vegas de nuestros ríos.

El consumidor y sus derechos han sido otra de las preocupaciones del Gobierno regional. La creación, mediante Decreto 246/2001, de 18 de octubre, del Instituto Regional de Arbitraje de Consumo, vuelve a ponernos a la cabeza de España en esta materia.

Y junto a los consumidores, los comerciantes. Ellos sostienen buena parte de la economía madrileña, y a ellos se ha dirigido este año un Plan de Dinamización y Modernización del Comercio Interior Madrileño. Financiado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, y en colaboración con el Ministerio de Economía y las asociaciones comerciales, se han concedido ayudas en torno a los 5,9 millones de euros para la modernización y reforma de los establecimientos comerciales, así como la incorporación de las nuevas tecnologías, lo que ha supuesto una inversión inducida en el sector superior a los 12,3 millones de euros. Este apoyo es el que permitirá al comercio madrileño adaptarse con garantías al nuevo marco legislativo, en la línea marcada por el Real Decreto Ley estatal del año 2000 de Medidas Urgentes de Intensificación de la Competencia en Mercados de Bienes y Servicios.

Tanto unos como otros, consumidores y comerciantes, están concernidos por una novedad importante. Me refiero a la creación del Servicio de Defensa de la Competencia el pasado 30 de agosto. Este Servicio, que velará por el respeto a este principio básico en cualquier economía de mercado, será objeto de un Convenio de Colaboración con el Estado, y culminará en la creación de un Tribunal cuyo anteproyecto de Ley se encuentra en estudio.

La tercera y última línea económica que anunciaba a Sus Señorías es la descrita por el apoyo al sector empresarial. El Gobierno regional cuenta para ello con tres valiosas herramientas: el Instituto Madrileño para el Desarrollo, la Agencia Financiera y la Agencia para el Desarrollo.

El primero ha puesto en marcha la Ventanilla Única Empresarial y la red de Oficinas de Promoción Territorial. La Agencia Financiera ha orientado su actividad al apoyo de las empresas de nueva creación, abaratando la financiación de sus inversiones en 4,9 millones de euros en 2001, y permitiendo una inversión inducida de 15 millones de euros. Finalmente, la Agencia para el Desarrollo de Madrid ha puesto en marcha la definición del Mapa Tecnológico de Madrid.

Dentro de la lógica de una política que ha generado 629.900 empleos y ha rebasado en 204.000 el compromiso electoral, el Gobierno regional anunció en el anterior Debate sobre el Estado de la Región la creación de una Consejería de Trabajo diferenciada de la de Economía. En este primer año de existencia, dicha Consejería ha ejercido las políticas activas de trabajo y de formación transferidas por el Instituto Nacional de Empleo, prestando una atención especial a los colectivos más desfavorecidos: inmigrantes, discapacitados y personas acogidas a la Renta Mínima de Inserción. Se les ha destinado 118,8 millones de euros, que contrastan llamativamente con los 38,6 que recibían en 1995, año desde el cual el presupuesto en formación para el empleo alcanza la cantidad acumulada de 672,8 millones de euros. Con la misma sensibilidad social, el Gobierno regional presta un apoyo activo al desarrollo de ciertas zonas menos favorecidas, como Usera-Villaverde y Vallecas (Puente y Villa). Entre 2001 y 2002 la inversión en formación para el empleo en estos distritos ha crecido casi el 100%, para lo cual la Comunidad de Madrid ha reservado casi 3.900 euros. Igualmente, el Gobierno regional ha subvencionado la contratación indefinida, especialmente de mujeres desempleadas, mediante ayudas a la creación de empleo estable y de calidad por valor de 18 millones de euros en 2002, cantidad que en 1995 no pasaba de 2,3 millones. Por otra parte, las políticas activas de empleo, dotadas con 115,6 millones de euros, han hecho posible que 22.827 desempleados accedan a un contrato con fondos públicos. Desde el año 2000, cuando se asumieron las competencias en esta materia, el Gobierno regional les ha destinado 333,3 millones de euros.

Madrid ofrece un modelo de región donde el diálogo social ha superado el grado del simple acuerdo para alcanzar el del compromiso mutuo. Un compromiso que se articula en torno al Servicio Regional de Empleo, creado por Ley 5/2001, de 3 de julio, que asume las competencias en materia de formación ocupacional y políticas activas de empleo transferidas por el INEM. Este nuevo Servicio Regional de Empleo crea un modelo que, una vez más, es una referencia para el ámbito estatal, pues permite la gestión integrada de las políticas de empleo y formación y la corresponsabilidad de las organizaciones sindicales y empresariales más representativas. Esta apuesta por sumar esfuerzos e iniciativas por el empleo se acompaña de una atención constante a la calidad y transparencia en la gestión del gasto público. Así lo prueba que se esté aplicando el principio de fiscalización plena y previa a todos los expedientes en los diferentes programas, y especialmente a los asociados a las políticas activas de empleo, tal y como el Gobierno regional se había comprometido a hacer.

Pero en materia laboral no sólo importa el número de empleos creados o las facilidades para acceder a un puesto de trabajo, sino también las condiciones en que el mismo se desarrolla. A este respecto es importante la incorporación de la Administración regional al Consejo de Relaciones Laborales de la Comunidad de Madrid en virtud de la Ley 35/2001, de 8 de marzo. Pero sobre todo debo subrayar, Señorías, el intenso esfuerzo desarrollado para hacer del puesto de trabajo un lugar seguro, un esfuerzo en el que han participado no sólo la Administración regional, sino también los sindicatos y los empresarios, y que culmina en el Plan Director de Prevención de Riesgos Laborales de la Comunidad de Madrid 2002-2003, al que antes aludí. El Plan se centra en cinco sectores productivos donde se registran índices de incidencia en accidentes graves y mortales que son muy superiores a los índices medios de la Comunidad de Madrid. Índices, por tanto, que se pretende reducir drásticamente mediante el refuerzo de los sistemas de vigilancia y control existentes, y con una atención especial a las pequeñas y medianas empresas, sobre todo las de menos de 50 trabajadores. En definitiva, esta importante iniciativa servirá para intensificar una labor más amplia que este año se expresa en 2.615 expedientes sancionadores en materia de seguridad y salud en el trabajo. El crecimiento del Instituto Regional también es significativo a este respecto: si en el momento de su creación, por Ley 23/1997, de 19 de noviembre, contaba con 40 técnicos de prevención, en la actualidad dispone de 67. Su presupuesto ha crecido un 567,7%, y la inversión acumulada ha sido de 26,6 millones de euros.

Sin embargo, y aunque seamos capaces de conseguir un entorno laboral más seguro, no podremos sentirnos satisfechos hasta que éste cumpla otro requisito fundamental: la equiparación de hecho, y no sólo de Derecho, de la situación laboral de las mujeres. El Gobierno regional destina hoy un 184,6% más de recursos financieros a fomentar esta equiparación respecto a la cantidad que se le dedicaba en 1995. El IV Plan de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres 2002-2005, aprobado el pasado 11 de julio, nos marca la dirección a seguir.

La mejora de las infraestructuras como pilar en que sustentar la cohesión territorial y el bienestar de los ciudadanos ha ocupado un lugar preeminente en la política desarrollada por el Gobierno regional en los últimos siete años. Y en este sentido, Señorías, la Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes ha abordado durante este tercer año de la Quinta Legislatura una serie de proyectos cruciales.

La ampliación y mejora del Metro es un modo de contribuir a que la región crezca. Hoy, los madrileños disfrutan de uno de los mejores metros del mundo, tanto por la calidad de su servicio como por la extensión de su red. Una red que en 1995 contaba con 118 kilómetros de longitud, que hoy tiene 181, y que cuando acabe la Legislatura prácticamente se habrá duplicado, con una extensión total de 231 kilómetros. En siete años habremos hecho tanto por el Metro de Madrid como en los 83 precedentes. Ello habrá sido posible gracias a un esfuerzo inversor de 4.560 millones de euros en la red nueva, que, unidos a los 501 destinados a modernizar la red existente, suponen un desembolso formidable de 5.061 millones de euros.

La prolongación en 5,8 kilómetros de la Línea 8 entre las estaciones de Mar de Cristal y Nuevos Ministerios ha permitido la puesta en servicio del intercambiador de transportes y de una terminal de facturación en esta última estación desde el pasado 21 de mayo. Por otra parte, la construcción de los 40,5 kilómetros del anillo y la obra civil de las 28 estaciones de Metrosur ya está concluida. El importe de este proyecto alcanza los 2.141 millones de euros, a los que hay que sumar los 202 millones de euros empleados en la adquisición de 29 trenes de la serie 8000. Asimismo, gracias a la ampliación de la Línea 10 del Metro, cuyo túnel ya está construido, entre Ciudad Jardín y Puerta del Sur, Metrosur conectará con el resto de la red del Metro. La conclusión de esta obra de 427,7 millones de euros de presupuesto, en diciembre de 2002 o enero de 2003, contribuirá a que lo que antes se denominaba periferia pase a ser área metropolitana.

Otros proyectos de esta Legislatura son ya una realidad. El nuevo Parque de Ocio que se inauguró el 5 de abril, el Warner Bross Park Madrid ubicado en San Martín de la Vega, integra a la región en el circuito internacional de los grandes parques de ocio y permite que se hayan creado 1.600 nuevos puestos de trabajo directos. La construcción de este Parque ha estado acompañada de un aumento de las infraestructuras en la zona Sur de la región. Es preciso destacar la construcción de 15,3 kilómetros de doble vía férrea y de dos estaciones, con un coste de 86,5 millones de euros aportados por la Comunidad de Madrid, que hacen posible que Cercanías Renfe llegue, desde el pasado mes de abril, hasta San Martín de la Vega y el propio Parque Temático.

La entrada en servicio el pasado 14 de marzo de la carretera M-45 demuestra el trabajo realizado por el Gobierno regional para mejorar la red viaria. Esta obra, que tiene una longitud de 36,5 kilómetros, representa una verdadera revolución en las comunicaciones entre las poblaciones del Sur de la región y las del Corredor del Henares. Prueba de ello es que ya es utilizada por una media diaria de 72.000 vehículos y ha contribuido a disminuir en 60.000 el número de vehículos que cada día circulan por la M-30 y la M-40. Esta iniciativa beneficia a más de un millón y medio de madrileños. En total, en el periodo 1995-2002 el Gobierno regional ha invertido en la red viaria 523 millones de euros que han servido para acondicionar, mejorar, rehabilitar, desdoblar o construir 1.556 kilómetros de carreteras. Además, desde que se inició la Legislatura se han construido 90 nuevos kilómetros de carril bici, a los que hay que sumar otros 124 que se encuentran en proyecto o ejecución.

Señorías, no podemos obviar que además de las iniciativas en materia de infraestructuras de transportes desarrollada por el Gobierno regional, el Ministerio de Fomento también realiza una importante actividad en nuestra Comunidad. Por ejemplo, en el caso de Cercanías Renfe, que desde 1995 ha invertido casi 45 millones de euros en infraestructuras y 282,1 millones en material móvil. Alguna de estas actuaciones han sido inauguradas recientemente, como las estaciones de El Escorial o de Colmenar Viejo.

El crecimiento de Madrid hace que el Gobierno regional preste una especial atención al urbanismo. La Ley del Suelo 9/2001, que entró en vigor el 27 de agosto de 2001, junto con el desarrollo del Plan de Estrategia Territorial, son las bases en que se sustentará el urbanismo madrileño del siglo XXI. El Plan de Estrategia Territorial se encuentra en su fase final de redacción y determina los espacios protegidos y las reservas de suelo para viviendas protegidas, vías de comunicación o infraestructuras, como en el caso del futuro aeropuerto de Campo Real.

En materia de vivienda, el presupuesto que desde 1995 ha destinado el Gobierno regional a los programas correspondientes casi se ha multiplicado por cuatro, y durante la presente Legislatura supera los 80 millones de euros anuales. Además, los resultados del Plan de Vivienda de la Comunidad de Madrid 2001-2004 son muy positivos, puesto que en el mes de mayo ya se habían llevado a cabo más de 44.475 actuaciones, lo que representa un 117,4% sobre los objetivos fijados para este periodo. Asimismo los ocho consorcios urbanísticos culminados desde el inicio de la Legislatura han permitido la construcción de 31.573 viviendas, que en Madrid, Alcalá de Henares, Alcobendas, Fuenlabrada, Getafe, Leganés y Parla han permitido que el 83% de las viviendas promovidas tengan algún tipo de protección. Este modo de fomentar la vivienda pública sigue siendo uno de los objetivos principales del Gobierno regional, y por eso en los últimos tres años se han constituido seis nuevos Consorcios que, sumados a los que ya se están desarrollando, permitirán construir 40.606 nuevas viviendas, el 80% de ellas protegidas.

El Instituto Madrileño de la Vivienda desarrolla políticas que facilitan que los ciudadanos puedan acceder a una vivienda. Desde 1999 se han construido y entregado 4.458 viviendas, se ha iniciado la construcción de 3.849 más, y antes de que termine el año comenzará la de 1.250 en el PAU de Vallecas, lo que eleva al 85% el grado de cumplimiento del compromiso electoral para esta Legislatura. Este buen hacer del IVIMA es lo que ha permitido que desde 1995 sean más de 13.000 las viviendas construidas y entregadas, y que se supere en una media del 45% la actividad registrada entre los años 1991 y 1995. Por su parte, el Instituto de Realojamiento e Integración Social ha concluido en los últimos 12 meses el realojo de cuatro poblados chabolistas. Desde 1995 este organismo ha facilitado la integración de 1.715 familias, para lo que ha invertido más de 156 millones de euros en diferentes proyectos.

Sus Señorías convendrán conmigo en que la ambición de todos estos proyectos de infraestructuras, urbanismo y transportes es una de las señas de identidad de la Comunidad de Madrid desde 1995. Pero no ha sido menor, desde que se asumieron las competencias, el interés que el Gobierno regional ha demostrado por el sistema educativo de la región.

La educación ha sido objeto este año de las importantes e innovadoras reformas acometidas por el Ministerio de Educación, Cultura y Deportes. En el ámbito de la Comunidad de Madrid la actividad tampoco ha sido pequeña. En febrero fue publicado el Decreto por el que se aprueba el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria. En el mes de marzo, y como fruto de la inquietud del Gobierno regional por detectar situaciones de desventaja social, se promulgó la Orden reguladora del procedimiento para la admisión de alumnos en centros docentes sostenidos con fondos públicos de segundo ciclo de educación infantil, educación primaria y educación especial.

Pero esta importante actividad normativa debe ir necesariamente acompañada de los medios materiales y humanos que permitan su aplicación. Por eso, consciente de la importancia de la educación en el desarrollo y el progreso regional, este Gobierno comenzó el año 2002 destinando el 42% del total del presupuesto de la Comunidad de Madrid a financiar la educación. Se trata de una apuesta sin precedentes, a través de la cual se ha destinado 3.216 millones de euros, 311 millones más que en el ejercicio 2001, para promover la excelencia en la educación. Lo cual nos permite seguir abordando proyectos relacionados con el Acuerdo para la Mejora de la Calidad del Sistema Educativo.

Este esfuerzo ha permitido mejorar durante estos tres últimos años las condiciones profesionales de los docentes y homologar sus retribuciones a la media de otras regiones. Además, desde que en 1999 la Comunidad de Madrid asumió las competencias en materia de educación, se ha incrementado la oferta pública de empleo en 3.700 nuevas plazas.

A partir de ahora, ese esfuerzo va a ganar en eficacia, puesto que dispone de una valiosa herramienta de la que quiero hablar a Sus Señorías. Se trata del Mapa Escolar, que, elaborado en cumplimiento de una resolución de esta Asamblea, va a permitir una planificación precisa de la respuesta que el Gobierno regional dé a las necesidades de nuestra red de centros. El Mapa se encuentra concluido, e incluye información relativa al actual estado de la red de centros, así como a las previsiones de ampliación durante 2002 y 2003. El documento incluye todas las actuaciones que la Consejería de Educación culmina o inicia en este bienio, en el que se efectuará una inversión superior a los 394 millones de euros y se incrementará el número de puestos escolares en 50.926 plazas.

Por lo que respecta al primer ciclo de educación infantil, durante el curso 2001/2002 se conseguido la óptima escolarización de 16.522 niños de 0 a 3 años, con una previsión para el curso 2002/2003 de 3.000 plazas más, lo que supone un 90% más que hace siete años. Este aumento de plazas para niños de 0 a 3 años, es objeto este año de una dotación presupuestaria de 12 millones de euros, el doble que el año pasado, y se complementa con una novedad absoluta: la convocatoria de 5.000 becas. Esta mejora de la educación también ha permitido que el 100% de los centros de primaria impartan lengua extranjera para los alumnos de su primer ciclo, y que su enseñanza esté generalizada en el segundo ciclo de la educación infantil.

Es preciso destacar la mejora en la oferta y calidad de los ciclos de Formación Profesional. Desde el año 1995, la oferta de enseñanzas en Grado Superior ha experimentado un incremento del 375% y en Grado Medio de un 520%. El presupuesto destinado a la Formación Profesional ha aumentado desde 1995 en un 400%.

Por lo que respecta a los Programas de Garantía Social, diré que, frente a los 1.634 alumnos matriculados en 1995, en el curso 2001/2002 han sido cerca de 4.000. En atención a la diversidad social y cultural de la Comunidad de Madrid, este Gobierno ha continuado reforzando las actuaciones de promoción educativa, sobre todo aquellas dirigidas al alumnado que presenta necesidades especiales. En el curso 2001/2002 se cuenta ya con 1.734 profesores de apoyo a la integración.

Pero las mejoras afectan a muchos aspectos de la vida escolar. Por ejemplo, el Gobierno regional ha duplicado desde 1995 el crédito que destina a ayudas para comedor y transporte, y ha generalizado el servicio de acompañante. También ha destinado más de 6 millones de euros anuales en concepto de ayudas para libros que beneficiarán a cerca de 75.000 alumnos. Las ayudas dirigidas al estudio de enseñanzas artísticas han experimentado también una evolución significativa, ya que de los 60.100 euros que se destinaron en 1999 se ha pasado a los 184.000 en el curso 2001/2002. Finalmente, y con objeto de promover la integración de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, el Gobierno regional ha realizado una inversión de 16 millones de euros desde 1999. Este año, la inversión global en equipamiento informático asciende a más de 7 millones de euros. La inversión total desde el inicio de la Legislatura que este Gobierno regional ha destinado a la mejora de las infraestructuras educativas alcanza los 300 millones de euros, de ellos 133 durante este año, empleados en la creación, mejora y ampliación de 114 centros no universitarios.

La Comunidad de Madrid ha empezado ya a desarrollar una serie de normas para aplicar la nueva Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades. En el ejercicio de las competencias que ésta le atribuye, el Gobierno regional está preparando la Ley Reguladora de la Agencia de Calidad, Acreditación y Prospectiva, que previsiblemente será remitida a esta Asamblea para su aprobación este mes. Otro texto que ya ha sido remitido a esta Cámara es el de la Ley Reguladora de los Consejos Sociales. Una vez que estas normas entren en vigor, Madrid contará con el marco legislativo que le permitirá seguir mejorando la calidad de sus Universidades públicas y, en general, de la enseñanza universitaria.

Una tarea, por cierto, en la que el Gobierno regional ha venido demostrando un compromiso histórico, del que citaré a Sus Señorías sólo algunos eje