Tres meses después, la entrada en vigor de las nuevas ordenanzas municipales necesarias para poder tramitar esta acreditación está sirviendo al Ayuntamiento de Fuenlabrada para retirar tarjetas de aparcamiento a usuarios con discapacidad que disponían del preceptivo distintivo desde hace años. El problema ha surgido al aplicar uno de los requisitos recogidos por las Ordenanzas, que estipula la obligación de obtener de los Centros Bases un dictamen favorable de movilidad reducida para cada demandante. Así los vecinos con discapacidad del municipio se han encontrado con que su certificado de minusvalía no es suficiente para justificar su necesidad de ser beneficiario de una tarjeta. Uno de estos casos es de una joven discapacitada, que ha presentado denuncia al Servicio de Información al Discapacitado de FAMMA, con un grado de minusvalía del 38%, pendiente de revisión al alza, con dos prótesis de cadera y una de rodilla, a quien en el dictamen del Centro Base la señala como útil para utilizar medios de transporte público.

Por otra parte, desde la Federación de Municipios de la Comunidad de Madrid señalan que el Registro Único y el nuevo sistema para otorgar tarjetas servirá para retirar las mismas a personas que, aunque tengan alguna discapacidad, ésta no afecte gravemente a su movilidad.

Para la jefa de sección de la Coordinación de Centros Bases, Rosa Jiménez, el problema está en que varios municipios madrileños han aprobado las ordenanzas, pero no han hecho efectiva su adhesión al convenio de tarjetas. A todos estos municipios, la Comunidad de Madrid les ha paralizado la concesión de dictámenes de movilidad, con lo cual, los usuarios afectados no pueden recibir sus tarjetas.

En total son 45 los municipios madrileños, en su mayoría pequeños, los que se han adherido al convenio de tarjetas de aparcamiento para minusválidos, según datos facilitados por la Federación de Municipios de Madrid, y sólo 13 los que han aprobado la ordenanza municipal necesaria. La Federación achaca los problemas de retraso en la concesión de las tarjetas a la falta de conocimiento de la existencia del Registro Único por parte de muchos municipios, así como una posible descoordinación en los mismos.