Según un comunicado enviado por la comisaria europea Viviane Reding, responsable de la Sociedad de la Información, “más de 90 millones de europeos no pueden beneficiarse plenamente de estas ventajas debido a su edad o a sus minusvalías. Hacer los productos y servicios tecnológicos más accesibles es un imperativo social, ético y político que, además, es económicamente pertinente”.

La consulta, que estará abierta hasta el 12 de febrero, se centra en los mercados públicos, la certificación y el uso de la legislación. Así, establece que los poderes públicos deberían elaborar exigencias comunes para facilitar la compra de bienes adaptados, lo que a su vez ampliaría los mercados de productos concebidos para estos colectivos.