En este sentido, el CERMI considera que la Ley debería recoger explícitamente que “los conductores con discapacidad no podrán ser discriminados, siendo obligación de las autoridades garantizar la plenitud e integridad de sus derechos. Asimismo, propone que se especifique que cualquier restricción que se les imponga por causa de una discapacidad esté “suficiente y objetivamente justificada”.

En lo referido a los límites de velocidad, el CERMI solicita que, en los casos en los que haya que determinar si un conductor con discapacidad los ha excedido, se tome como referencia el límite general establecido para todos los conductores, y no el estipulado por el hecho de tener una discapacidad, que oscila entre 70 y 90 km/h. Entre las enmiendas presentadas se incluye también la petición de que los centros de enseñanza previstos por la Ley estén obligados a ser accesibles.

El carnet por puntos se basa en un sistema sancionador que va restando puntos a los conductores que cometan infracciones. Del total de 12 puntos de que dispone inicialmente cada conductor, se irán restando seis, cuatro, tres o dos puntos, en función de la gravedad de la infracción cometida. La pérdida de todos los puntos derivará en la retirada del carnet, que se podrá recuperar tras un período de espera de seis meses y la realización de cursos de sensibilización y reeducación vial, además de tener que volver a examinarse.