FAMMA celebra los avances sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en la ONU pero reclama que sean efectivos

Redacción de ACCESIBLE (30-08-06)
La primera convención internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad de la Organización de Naciones Unidas (ONU) supone un paso adelante, al menos, en el reconocimiento de que las personas con discapacidad merecen las mismas oportunidades que el resto de los miembros de la sociedad. Pero este texto demuestra que la legislación también debe adaptarse a las necesidades especiales del colectivo. Los estudios comparativos relativos a las leyes de cada estado indican que tan sólo 45 países cuentan normativa específica contra la discriminación de las personas con discapacidad por lo que la futura Declaración de Derechos de las personas con discapacidad viene a llenar un vacío legal considerable en la mayor parte de las naciones.

Según Javier Font, Presidente de FAMMA-Cocemfe Madrid “El proyecto de la ONU es totalmente loable pero es imprescindible la creación de un órgano internacional que vele por los derechos de las personas con discapacidad a través de mecanismos y medidas concretas”.

En todo el mundo existen 650 millones de personas con discapacidad, es decir, un 10% de la población global, pero los datos aumentan cada año debido al envejecimiento generalizado y otros factores como los accidentes de tráfico. La situación de estas personas depende en gran medida del lugar geográfico donde hayan nacido. El 80% de las personas con discapacidad vive en los países en desarrollo. A este respecto, el Presidente de la Federación, Javier Font, señala que “las medidas deberán implantarse en nuestro país, en Europa y de manera muy especial en los países en vías de desarrollo, donde el colectivo se encuentra más desprotegido a causa de su vulnerabilidad”.

Instituciones como el Banco Mundial han publicado cifras a este respecto. Se calcula que el 20% de los más pobres del planeta se encuentra afectado por la discapacidad, y dentro de sus propias comunidades, estas personas, son consideradas como los individuos en situación más desventajosa.

La iniciativa tomada en la ONU representa un cambio en la mentalidad común, ya que los países demuestran una afirmación del potencial de las personas con discapacidad. Se ha demostrado en numerosas ocasiones que cuando se ponen en marcha políticas de integración social y laboral, el colectivo es capaz de participar completamente en la vida de la comunidad y de generar riqueza económica y valores educativos. De esta forma el colectivo contribuye a mantener los sistemas que forman una nación.

Los objetivos del Tratado, que tendrá que ser aprobado por la Asamblea General de la ONU y ratificado por los países miembro de la organización, pretenden aliviar esta situación a través de iniciativas específicas tan necesarias como la promoción de las personas con discapacidad en el acceso a la información y a sistemas de salud adecuada. Por otra parte, el texto considera la accesibilidad como un requisito fundamental para garantizar la movilización del colectivo y como un beneficio que repercute en toda la sociedad.

De momento, la convención se plantea como un instrumento vinculante para que los Gobiernos pongan en marcha reformas legislativas que mejoren y faciliten la educación y la inserción laboral del colectivo pero aún así es necesario que todos los políticos adquieran este compromiso como una prioridad durante la duración de sus legislaturas y no solamente en campaña electoral. Además, desde las instituciones internacionales será imprescindible que se revise cada año el cumplimiento de la norma.

El próximo texto será la conclusión de un largo trabajo de todas las asociaciones, federaciones y personas que trabajan para mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad. El proceso comenzó a finales de los años 50 con cuestiones relativas al bienestar que poco a poco evolucionaron hasta la petición de la máxima integración de las personas con discapacidad en todos los aspectos de la sociedad.