FAMMA solicita a las autoridades más mecanismos de control para que se respete la cuota de empleo reservado del 2%

Redacción de ACCESIBLE (28-12-06)
Uno de los primeros pasos para que una persona pueda ser independiente es su autonomía económica mediante el trabajo. A pesar de que las empresas de más de 50 trabajadores tienen obligación legal de contar en su plantilla con al menos un 2% de empleados con discapacidad, la norma no se cumple en muchos casos por lo que las personas con discapacidad que han conseguido un trabajo digno son solamente un 25% del total de la población activa de este colectivo.

Desde FAMMA-Cocemfe, se reclaman mayores partidas presupuestarias destinadas a la puesta en marcha de mecanismos de control eficaces para que las empresas privadas y también la Administración respeten el porcentaje establecido y reservado para las personas con discapacidad. Según Javier Font, Presidente de FAMMA-Cocemfe Madrid “Esta tarea es imposible de llevar a cabo si no se adquiere un compromiso verdaderamente importante por parte de los poderes públicos para establecer dispositivos que velen por la protección de los derechos de las personas con discapacidad en el ámbito laboral, siendo el derecho a trabajar, uno de los más importantes”.

Existe una parte muy importante del colectivo que ante la falta de expectativas laborales, descuida su formación y desiste de buscar trabajo. Además, en palabras del presidente de FAMMA, Javier Font, “dentro el campo laboral también es frecuente la discriminación en condiciones económicas inferiores. Las consecuencias de esta situación se trasladan a múltiples aspectos pero, el principal de ellos, es la situación económica de precariedad que aún persiste en sectores de la discapacidad más sensibles a la exclusión social como pueden ser las mujeres con las personas con discapacidad gravemente afectadas”.

Además en España existe una necesidad urgente de actualizar los datos oficiales puesto que las políticas gubernamentales se basan en las cifras de la EDDES de 1999. En este documento se cifraba el número de personas con discapacidad en edad de trabajar en algo más de 1,3 millones, lo que supone un 5% de la población total en el mismo rango de edad. El texto señala incluso que sólo un 32% de las personas con discapacidad en edad de trabajar se encontraba en situación activa -trabajando o buscando empleo-, una cifra que representa alrededor de 500.000 personas. Actualmente, estas cifras no reflejan ni la realidad ni las necesidades del colectivo. Es posible que si los datos se han modificado, exista un desfase entre las medidas y los presupuestos que se destinan a promover la integración laboral con las ya citadas necesidades del colectivo.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OECD) también ha analizado la situación laboral de las personas con discapacidad con edades comprendidas entre 20 y 64 años en 19 países. De acuerdo con estos datos, España ocupa el penúltimo lugar en el panorama europeo, exclusivamente por delante de Polonia, con una tasa de empleo del 22 %, frente al 44% de media. En esta ocasión también se aprecian notables diferencias entre las políticas que desarrollan los países del norte, siempre puntos de referencia cuando se trata de políticas sociales como Suiza y Noruega donde el porcentaje de personas con discapacidad que tienen empleo se acerca al 60%.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OECD) también ha analizado la situación laboral de las personas con discapacidad con edades comprendidas entre 20 y 64 años en 19 países. De acuerdo con estos datos, España ocupa el penúltimo lugar en el panorama europeo, exclusivamente por delante de Polonia, con una tasa de empleo del 22 %, frente al 44% de media. En esta ocasión también se aprecian notables diferencias entre las políticas que desarrollan los países del norte, siempre puntos de referencia cuando se trata de políticas sociales como Suiza y Noruega donde el porcentaje de personas con discapacidad que tienen empleo se acerca al 60%.

El Presidente de la Federación, indica que “sin duda alguna, para cambiar las cifras se plantea que es imprescindible actuar sobre los factores que ocasionan las elevadas tasas de desempleo de personas con discapacidad en países como España y la responsabilidad que tienen en este aspecto, la administración y la empresa privada”

La empresas privadas no deben valorar solo su imagen al contratar una persona con discapacidad, si no que también es necesario cambiar la perspectiva hacia posiciones que hagan ver que los trabajadores con discapacidad aportan conocimiento, experiencia y voluntad de superación, tres activos que se traducen en una auténtica fuente de riqueza.

Finalmente Javier Font, sostiene que “para mejorar la integración laboral de las personas con discapacidad es necesario que se conjuguen dos cuestiones muy importantes; primero, mayor control de la cota de reserva del 2% y segundo, aumento de las ayudas y beneficios para las empresas que contraten personas con discapacidad en su plantilla. Si a esto se suma la administración, no firmando contratos de servicios con empresas que no cumplan la cuota de reserva, empezaremos a vislumbrar un avance y un futuro muy distinto al actual”.