UN COMPROMISO DE LOS SOCIALISTAS MADRILEÑOS La plena integración, un reto para la Comunidad de Madrid

Cada vez más personas en el mundo estamos convencidos de que todos tenemos derecho a la dignidad, a la no discriminación, al bienestar social, a la calidad de vida. Afortunadamente, cada vez somos más los que creemos firmemente en el derecho de todos a la salud, a la educación, al empleo, a la vivienda, a la cultura, el deporte o el ocio en condiciones de igualdad. Cada vez somos más los que apostamos por conformar un espacio de justicia, de derechos, de bienestar e igualdad.

Palabras como integración, igualdad de oportunidades y accesibilidad universal o derechos humanos cobran una mayor relevancia para quienes todavía hoy la palabra “discapacidad”, lejos de ser un término descriptivo de una situación física, es un estigma que les condena a sufrir distintas formas de discriminación.

La plena integración social de las personas con discapacidad, el desarrollo de sus derechos sociales, se ha convertido en una prioridad para el Gobierno de la Nación, en cumplimiento del compromiso que adquirió el Partido Socialista y que llevaremos a efecto con la nueva “Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas Dependientes”, cuyo anteproyecto fue aprobado el pasado 23 de diciembre.

Esta Ley supondrá el reconocimiento de un nuevo derecho universal que garantizará a todo el que lo necesite el acceso a nuevas prestaciones y a las que ya existen, pero que hoy son muy limitadas y resultan claramente insuficientes.

En España, más de tres millones y medio de personas padecen algún tipo de discapacidad, de los que 1.125.000 padecen dependencia grave y severa. En la Comunidad de Madrid, siete de cada cien personas padecen algún tipo de minusvalía psíquica, física o sensorial. Siete de cada cien madrileños se enfrentan diariamente, en mayor o menor medida, a obstáculos arquitectónicos, educativos, sanitarios, económicos y sociales que, lamentablemente, les impiden disfrutar de las mismas oportunidades en condiciones de igualdad.

Simplemente por el hecho de padecer algún grado de discapacidad, 204.960 madrileños, según la base de datos de reconocimiento de la edad de minusvalía, se encuentran en esta situación, 106.075 hombres y 98.895 mujeres. Si hacemos un análisis de la realidad en la región, podemos afirmar que dicho colectivo está muy lejos de poder hablar de plena integración. No sólo no se están prestando los apoyos adecuados por parte del Gobierno regional, sino que, además, siguen siendo objeto de discriminaciones en el ámbito sanitario, educativo, laboral o social.

El sistema educativo de la Comunidad de Madrid no proporciona las mismas oportunidades. Existen discriminaciones en las etapas de Primaria, Secundaria y están llamativamente infrarrepresentados en la enseñanza superior. La formación profesional orientada a estos alumnos presenta, asimismo, carencias que impiden la consecución de una efectiva igualdad de oportunidades. No cuentan ni con las adaptaciones curriculares, ni con los servicios de atención o pedagogía necesarios para garantizar el éxito en la etapa escolar.

El 31% de las personas de la región en edad de trabajar que padecen alguna discapacidad está en paro. La insuficiencia e ineficacia en las medidas puestas en marcha por el Gobierno regional al objeto de conseguir la plena integración laboral de este colectivo se sitúan en la base de su realidad laboral.

Las inspecciones llevadas a cabo por la Administración para velar por el cumplimiento de la normativa vigente que obliga a reservar el 2% al colectivo de personas con discapacidad física, psíquica o sensorial son manifiestamente insuficientes.

Existe una escasa calidad en los servicios públicos ofertados, la puesta en marcha de la llamada Red Pública de plazas de atención especializada a personas con discapacidad no ha ido acompañada de un seguimiento del funcionamiento y del servicio prestado por estos centros por parte del Gobierno regional.

Las familias de las personas con discapacidad carecen del apoyo necesario. La falta de información de los recursos disponibles y la escasez de los mismos son las dos principales quejas en las que hacen hincapié los familiares. La Comunidad de Madrid, además, no ofrece información sobre los servicios que ofrece la Administración. Son muchos los padres que no saben dónde recurrir cuando a su hijo le diagnostican una discapacidad. Esta incertidumbre e indefensión se acentúa en las situaciones de ausencia de los padres o tutores.

Las entidades sociales que trabajan por su correcta integración tampoco reciben un apoyo y financiación suficiente. Este tipo de entidades cubren cerca del 50% de la demanda asistencial sin recibir ayuda suficiente por parte del Gobierno regional.

Es inadmisible que en una Comunidad como la nuestra, con enormes potenciales, se esté produciendo está situación. También lo es observar cómo su Ejecutivo la compara con regiones económicamente menores y con mayor retraso social, en lugar de mirar a aquéllas con las que aspiramos a equipararnos.

Equiparación cada día más lejana, si dependiera de las expectativas que genera el “II Plan de Acción para personas con discapacidad”, presentado 29 meses después de finalizado el anterior, ya que se trata de un Plan de mínimos, fundamentalmente asistencialista, que no parte de un análisis realista de la situación de la discapacidad en la Comunidad y no se ajusta a la realidad de la discapacidad en Madrid ni, por supuesto, a las necesidades de las personas discapacitadas madrileñas. No da protagonismo a la población afectada, ni contempla medidas transversales entre las distintas Consejerías.

Los socialistas sí somos sensibles a la necesidad de adoptar un compromiso firme con las personas con discapacidad. Un compromiso de normalización y de garantía de derechos. Así lo hemos demostrado desde el Gobierno de la Nación, que destinará nueve millones de euros en 2006 a la financiación de programas y proyectos dirigidos exclusivamente a la atención y mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidad.

Como también se beneficiarán, transversalmente, de otras medidas puestas en marcha, como el sistema dedicado a la promoción de la autonomía personal y atención a la dependencia; el establecimiento del régimen de infracciones y sanciones para empresas, personas físicas, jurídicas y comunidades que no garanticen a las personas con discapacidad la igualdad de oportunidades; la futura Ley de Promoción de Autonomía Personal y Atención a las Personas Dependientes; la posibilidad de compatibilizar la prestación por discapacidad igual o superior al 65% con los ingresos derivados del trabajo durante los cuatro años siguientes al inicio de la actividad.

Desde los ayuntamientos madrileños donde gobernamos se realizan ejemplares políticas integrales, como la desarrollada desde el Ayuntamiento de Pinto, que ha promovido iniciativas pioneras como la creación de la figura del Defensor del Discapacitado, figura encargada de hacer llegar a las administraciones, entidades y organismos relacionados con la discapacidad las necesidades del colectivo.

Porque las personas con discapacidad pueden tener plena autonomía si cuentan con los apoyos educativos, sociales, sanitarios o jurídicos necesarios y porque el Gobierno de la Comunidad tiene la obligación de garantizar esos apoyos, exigiré al Gobierno regional que atienda las reivindicaciones históricas de este colectivo y de sus familias, quienes justamente reclaman el cumplimiento de unos derechos que, hoy por hoy, no están siendo garantizados.

En este sentido, seguiremos insistiendo en la Asamblea de Madrid en la necesidad de constituir una comisión específica sobre discapacidad que, entre otras cuestiones, articule un programa de atención integral desde una perspectiva multidisciplinar que garantice la suficiencia y calidad en la prestación de los servicios asistenciales públicos, eliminando las actuales listas de espera que sufren todas aquellas personas que, por su grado de discapacidad, requieren una atención específica gratuita y que no tienen, en la actualidad, acceso a la misma.

Como también se hace imprescindible impulsar medidas eficaces dirigidas a la normalización y plena integración de las personas que conforman este colectivo a través de, fundamentalmente, un fuerte impulso a la inserción sociolaboral de estos trabajadores y del estricto cumplimiento de la normativa vigente, garantizar la reserva de un porcentaje significativo de vivienda protegida para pisos tutelados con servicios comunes que garanticen una plena autonomía y el acceso a servicios públicos de ocio y tiempo libre.

Queremos empezar a trabajar seriamente en la construcción de una Comunidad sin barreras, accesible y abierta para todos, con igualdad de oportunidades y con garantía de derechos para todos.

Terminar con las barreras y lograr un entorno accesible y abierto al conjunto de la ciudadanía madrileña no sólo es justo, sino que es una necesidad para el colectivo de personas con discapacidad y para el conjunto de la sociedad.

La construcción de una nueva región donde la integración plena de la discapacidad, la apertura a todas las posibilidades de desarrollo autónomo de las personas, bien sea por una discapacidad, por su edad, o por cualquier otra circunstancia, es una demanda impostergable en la Comunidad de Madrid que, necesariamente, ha de convertirse en una realidad.

Sumando capacidades, sumando esfuerzos

A fecha de hoy, enero de 2006, han transcurrido apenas dos años desde el inicio de la legislatura. Dos años en los que, en la Consejería de Familia y Asuntos Sociales, hemos trabajado deprisa porque, como todos saben, aunque la legislatura comenzó con seis meses de retraso, no suprimimos un solo proyecto ni un solo compromiso de los que adquirimos con los ciudadanos seis meses antes.

No pretendo hacer un balance triunfal ni autocomplaciente de lo conseguido en este tiempo. Nada más lejos de mi intención. Pero si pudiéramos contemplar en dos fotografías, en dos imágenes, la situación de la atención a las personas con discapacidad en la Comunidad de Madrid entonces y ahora, creo, honestamente, que los avances serían evidentes para cualquier observador.

Desde el comienzo de nuestra tarea al frente de la Consejería de Familia y Asuntos Sociales iniciamos la elaboración de un Plan de Acción dirigido a las personas con discapacidad de nuestra Comunidad.

Por supuesto, había necesidades inmediatas sobre la mesa: la creación de nuevas plazas de atención, la mejora de los programas de ayudas en vigor, la extensión de los servicios existentes. Pero era necesario también levantar la vista y mirar en perspectiva, fijarnos objetivos a varios años que orientaran el trabajo de cada día, y de un amplio y cualificado equipo de personas, cuya labor debería rendir el máximo de sus frutos. Un plan que nos permitiera organizar de la manera más razonable todos los recursos y coordinar los esfuerzos de las Administraciones con los de las entidades de iniciativa social, para llegar a todos lo madrileños con discapacidad y a sus familias, con una atención de calidad.

El resultado es el II Plan de Acción para Personas con Discapacidad 2005-2008. Un plan cuya elaboración ha contado, tanto en la determinación de las necesidades como en la propuesta de acciones, con un nivel de participación extraordinario entre las asociaciones y entidades que reúnen a las personas con discapacidad y sus familiares en Madrid.

El Plan cuenta con un presupuesto de más de 1.240 millones de euros para su periodo de vigencia. Un presupuesto destinado a avanzar en cada una de las seis áreas que aborda: la atención social, la educación, la atención sanitaria, el empleo, la cultura, el ocio y los deportes, y la promoción de la accesibilidad.

Dos años es poco tiempo. O mucho. En nuestro caso, es tiempo suficiente para que las diferencias entre la imagen de finales de 2003 y la de inicio de 2006 se aprecien con nitidez. Es el salto que nos ha llevado a los 1.240 millones del Plan actual frente a los 530 del anterior. Es un periodo de intensa creación de plazas residenciales y de centros de día para personas con discapacidad física e intelectual. Casi dos nuevas plazas por día, 1.200 nuevas plazas de atención que suponen haber duplicado nuestro compromiso electoral. El resultado de la comparación, frente a las 5.000 que había en 2003, y cuya creación llevó décadas, habla por sí mismo.

Este impulso tiene una explicación clara. De los 163 millones de euros dedicados en 2003 a la atención social de las personas con discapacidad, hemos pasado a 209 millones en 2005 y a casi 260 en 2006.
Estos incrementos presupuestarios y en los servicios no se producen porque sí. Son la traducción de un compromiso del Gobierno de la Comunidad de Madrid con las personas con discapacidad y sus familias. Y no un compromiso abstracto sino, como se puede apreciar, extremadamente concreto.

La definición de la Comunidad de Madrid como “La Suma de Todos” es la expresión de la voluntad del Gobierno de contar con todos los madrileños en el proyecto de convivencia que es nuestra Comunidad.

Las personas con discapacidad son, ante todo, personas capaces, personas que requieren apoyo pero que tienen tanto que aportar al conjunto de la sociedad como cualquier otra, y que han de contar con las mismas oportunidades de participación.

Ése es el objetivo del Plan de Acción 2005-2008 y de los programas que incluye, como la puesta en marcha de la ayuda a domicilio intensiva o el dedicado a facilitar la vida independiente y el desarrollo de la figura del asistente personal, que es una solución novedosa y pionera en España. Ése es también el objetivo de las 1.600 nuevas plazas de atención social o de las medidas de acción positiva para mujeres con discapacidad.

En esta labor queremos contar y contamos con las entidades de iniciativa social, con las fundaciones y asociaciones que agrupan a las personas con discapacidad y a sus familias. Estas entidades están demostrando una capacidad de iniciativa cuyo resultado es un buen número de proyectos, servicios y centros de atención de una calidad excelente.

El resultado de la coordinación de estas iniciativas con las de la Comunidad de Madrid es la red regional de recursos de atención a las personas con discapacidad, más extensa, más enfocada a las necesidades de cada área de la región y más participativa. Una red de recursos en la que las personas con discapacidad y sus familias tienen mayor responsabilidad y en la que son los auténticos protagonistas.

Hemos avanzado, sin duda, pero el panorama que tenemos ante nosotros no es idílico. Sabemos que siguen existiendo problemas, que todo apoyo prestado a las familias parece poco, que aún hay margen para seguir progresando y conseguir que muchas personas tengan una vida mejor con menos dificultades y más autonomía.

La tarea que tenemos ante nosotros no es poca y sólo podremos afrontarla de manera eficaz si conseguimos el compromiso de toda la sociedad.

Las entidades, las familias de las personas con discapacidad, lo han entendido así. El Gobierno de la Comunidad respalda y continuará respaldando sus iniciativas y seguirá impulsando la participación y el pleno ejercicio de la ciudadanía de cada persona con discapacidad.

Sólo con esta “Suma de Todos”, de todas las personas, de todos los esfuerzos, lograremos la sociedad respetuosa e integradora que queremos.
En la atención de las personas con discapacidad, de las personas dependientes, debemos tener todos muy presente que necesitamos el mejor pacto, el mayor acuerdo.

En este terreno nos hallamos en un momento crítico. No es momento para la mezquindad, sino para la solidaridad. Es el momento en el que todos vamos a tener la oportunidad de dar la verdadera medida de nuestra talla política y humana.

Mientras tanto, el Gobierno de la Comunidad de Madrid seguirá trabajando para facilitar la accesibilidad, la incorporación al empleo, la atención sanitaria y social de las personas con discapacidad.

Aun cuando los objetivos que nos marcamos en su día eran ambiciosos, en estos dos años hemos logrado más de lo que nos habíamos propuesto. Los resultados, las cifras, los nuevos servicios están ahí. Y queremos seguir logrando más para todos los madrileños.

No nos conformamos, como no se conforman las familias. En esta tarea necesitamos la participación de todos. También la crítica de la oposición –unas veces acertada, otras excesiva– que también nos ayuda a mejorar.

Nuestro compromiso es el de todo un Gobierno –en la sanidad, en la educación, en las infraestructuras, en el acceso al empleo, en los servicios de atención social– con la calidad de vida de las personas con discapacidad y la de sus familias.