Por una VIDA más ACCESIBLE

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Nacido en Estados Unidos, pero de raíces españolas, John de Zulueta es uno de los directivos más prestigiosos de la actualidad. Su perspectiva empresarial, sin perder de vista el futuro, ha situado a Sanitas en una clara situación de liderazgo dentro de su sector.

Según el Instituto Nacional de Estadística, en España existen más de 3,5 millones de personas con algún tipo de discapacidad, es decir, una de cada doce tiene problemas para comunicarse, ver, oír o desplazarse. Este dato debería hacernos reflexionar sobre el modelo de ciudad al que parecemos abocados sin remedio: una urbe inhóspita e inaccesible, donde el coche es el rey, un modelo muy alejado de esas poblaciones abiertas y acogedoras donde todos podamos movernos y comunicarnos sin barreras. Obstáculos que, en muchos casos, pueden llegar a impedir a algunos de nuestros conciudadanos, aquéllos que presentan una discapacidad, hacer cosas tan comunes como dar un paseo por el barrio, sacar dinero del cajero automático, hacerse un reconocimiento médico, asistir a un concierto o ir al cine.

Aún estamos lejos de vivir en ciudades adaptadas a las necesidades de todos. Más de la mitad de los edificios de uso público de las principales ciudades españolas –mejor no hablar de las edificaciones de uso privado– presentan problemas de accesibilidad.

Las dificultades más comunes a las que se enfrentan las personas con discapacidad tienen que ver con barreras urbanísticas y arquitectónicas, a veces tan insalvables como la falta de plazas de aparcamiento reservadas para personas con movilidad reducida, un bordillo elevado, un par de escalones, una puerta estrecha o una barandilla inexistente. Por no hablar de la ausencia y/o deficiencia de las alternativas (rampas con una pendiente muy pronunciada, ascensores con poco fondo, plataformas sin barandillas donde sujetarse). Y qué decir de los servicios públicos. Casi la mitad de los cuartos de baño de los edificios públicos son inaccesibles para una persona en silla de ruedas: bien porque las puertas son demasiado estrechas o se abren hacia dentro en vez de hacia fuera, bien por la excesiva altura de los lavabos o bien por la ausencia de barras de transferencia para utilizar el inodoro.

Las personas sordas y ciegas, además, padecen una serie de problemas propios. En el caso de los discapacitados auditivos, casi no hay edificios que cuenten con medios de comunicación específicos para ellos (desde una buena señalización hasta una persona instruida en el lenguaje de signos); mientras que las personas con graves deficiencias visuales se enfrentan a la falta de indicadores acústicos, la ausencia de franjas que señalicen escaleras y ascensores, barandillas demasiado cortas, pasos de cebra con semáforos silenciosos.

La accesibilidad arquitectónica, urbanística y en el transporte es un derecho básico para las personas discapacitadas. Pero ¿y la salud? Aunque no lo crean, la calidad de la sanidad española es lo que más preocupa a la población española (31,4%), muy por delante de la educación (20,7%), la vivienda (18%) y la seguridad ciudadana (12,4%), según los últimos datos publicados por el Barómetro Sanitario.

Los discapacitados no son ajenos a esta creciente preocupación. Si a la hora de enfrentarse al sistema sanitario público encuentran problemas (falta de un cuadro médico especializado, escasez de centros donde se hayan eliminado las barreras arquitectónicas y se utilice mobiliario y aparatología adaptada), a la hora de adquirir un seguro privado la mayoría de las personas con discapacidad se enfrenta a la imposibilidad para suscribirse, la exclusión de determinadas especialidades médicas, el pago de altas sobreprimas... Pocas compañías aseguradoras ofrecen a este colectivo un seguro a la medida de sus necesidades, con los servicios al mismo precio y con las mismas condiciones que el resto de clientes.

Para acabar con la discriminación a la que se ven sometidas las personas discapacitadas, la ONU acaba de aprobar el borrador de la Convención Internacional para los Derechos de las Personas Discapacitadas. Gracias a este convenio, cuya entrada en vigor está prevista a finales de 2008, los estados miembros de Naciones Unidas adoptarán diferentes medidas para asegurar el acceso de las personas con discapacidad a todos los servicios de salud. Así, podrán proporcionarles servicios de salud a precios asequibles y de la misma variedad y calidad que a otras personas (incluidos servicios de salud sexual y reproductiva) y programas de salud pública dirigidos a la población. También estarán obligados a suministrar los servicios de salud que necesiten como consecuencia de su discapacidad y aquellos servicios que vayan destinados a prevenir y reducir al mínimo la aparición de nuevas discapacidades, siempre lo más cerca posible de las comunidades donde residan (incluidas las zonas rurales).

Pero no queda ahí la cosa. Los países firmantes de este convenio de carácter internacional deberán exigir a los profesionales de la salud que presten atención de la misma calidad a las personas con discapacidad que al resto de la población, a través de la creación de normas éticas para la atención de la salud en los sectores público y privado. Además, deberán prohibir la discriminación contra las personas con discapacidad en la prestación de seguros de salud y de seguros de vida, cuando así lo permita la legislación nacional.

Cuando la accesibilidad de toda la población se asuma como eje central de la política, no sólo municipal sino autonómica y nacional, podremos decir que hemos logrado hacer de nuestro pueblo, nuestra ciudad, nuestra comunidad, nuestro país y nuestro mundo; en definitiva, hacer de nuestra vida un lugar auténticamente accesible y, por tanto, mucho más humano.