Imprudencias previsibles y evitables Dalia ha intentado siempre procurar una vida normal para su hijo Ernesto, pero no olvida el porqué de gran parte de sus preocupaciones: una negligencia médica. Hace diecinueve años, Dalia dio a luz un bebé sano, pero por la imprudencia del doctor que la atendió, Ernesto adquirió ese mismo día unas lesiones graves que le provocaron daño cerebral y retraso en el aparato psicomotor. Este caso, como muchos otros, es consecuencia de un fallo humano, un error frente al que muchas veces no se sabe cómo actuar.

Jéssica SM. Hernández

Durante el año 2004, la Asociación el Defensor del Paciente (Adepa) recibió 11.756 reclamaciones por presuntas negligencias médicas, según la última memoria de esta organización. Pero además, por otra parte, se produjeron más de 70.000 denuncias sanitarias a los servicios de atención al paciente, al Ministerio de Sanidad y a las consejerías de las comunidades autónomas. Son cifras alarmantes que ponen de manifiesto una situación tensa entre pacientes, ya que deja al descubierto la gran desprotección que existe al respecto y el excesivo corporativismo de este sector que obstaculiza la derivación de responsabilidades.

Pese a que se recibieron 166 reclamaciones menos que en 2003, el número de víctimas aumentó ligeramente, por lo que, como apunta la presidenta de Adepa, Carmen Flores, “la situación en general no ha mejorado”. Errores de diagnóstico, desatenciones en las urgencias y demoras en las listas de espera son los principales motivos que, el pasado año, causaron la muerte de 539 personas en manos de especialistas médicos, un 25% más que en 2003. 

De esta información, además, se desprenden los datos de los niños que, como Ernesto, desarrollan alguna discapacidad por una mala atención durante el parto. En total, 115 recién nacidos en 2004 presentan deficiencias derivadas de una negligencia médica. En el parto de Dalia, el error respondía a una mala decisión, parto natural o cesárea. La elección de la primera opción hizo retrasar un parto que comenzó a dar problemas al bebé y a poner en riesgo la vida de la madre. Pese a ello, no interpuso denuncia alguna, “pensaba que había sido un error no intencionado y que nada haría que mi hijo volviese a estar sano, pero ahora sé que no contaba con la información necesaria para saber que denunciar la situación habría contribuido a luchar contra las negligencias médicas”, asegura Dalia.

“Los propios médicos alegan ante los tribunales que la medicina no es una ciencia exacta, por lo tanto, es evidente nuestra preocupación y tenemos derecho a dudar de los diagnósticos emitidos, lo que hace que siempre sea recomendable buscar una segunda opinión. Como pacientes debemos estar informados de todo lo referente a nuestro estado de salud, así como a ser advertidos cuando los procedimientos aplicados supongan un peligro para nosotros. En esta línea han surgido gran parte de las condenas a especialistas por negligencia médica, ya que la omisión de información es considerado incumplimiento legal.”

La principal barrera que encuentran muchas personas como Dalia es la desinformación a este respecto. Qué hacer y cómo o dónde acudir son las principales preguntas que surgen cuando alguien ha sido víctima de un error médico. En primer lugar, es aconsejable recopilar todos los datos que acrediten que, efectivamente, ha existido una negligencia médica: informes, testimonios de otros pacientes, testigos directos, etc.

Como pacientes tenemos derecho a utilizar las vías de reclamación en los plazos reglamentariamente establecidos. Es más, las asociaciones en defensa de las víctimas de negligencias médicas opinan que es necesario interponer una denuncia cuando se produce un suceso así, ya que se contribuye a que estos errores no se vuelvan a repetir.

Cuando vamos a ser sometidos a una intervención debemos firmar, después de leerlo detenidamente, un documento con la información relativa a la operación: método, riesgos y lo que se pretende conseguir. Sin embargo, con este informe los profesionales se eximen de culpa cuando no se garantiza el éxito de la intervención o se exponen los posibles riesgos a los que nos enfrentamos. Las negligencias médicas son errores humanos, no una cuestión de probabilidad, es importante diferenciar cuándo se produce un error inevitable y cuándo se trata de una negligencia.

Lo más adecuado, siempre, es consultar a un abogado especialista en estos temas. Algunas organizaciones como Avinesa (Asociación Víctimas de Negligencias Sanitarias) o Adepa cuentan con un equipo de profesionales expertos en Derecho Sanitario que ofrece asesoría. De la misma forma, una modificación reciente de la Ley 1/1996 reguladora de la asistencia jurídica gratuita concede la posibilidad de acudir a un abogado de oficio cuando el demandante tiene alguna discapacidad.

listas de espera Cuando necesitemos una prueba importante, el tiempo estimado no debe rebasar los 2 meses para una mamografía, 3 meses para un escáner y un mes para una resonancia. Si no es así, pediremos la Hoja Oficial de Reclamaciones, con lo que responsabilizamos al centro de los daños y perjuicios que puedan surgir a causa del retraso. Para el médico de cabecera, la cita preferente no debe superar la semana y no más de un mes para la cita normal. Para tratamiento o estudio de diagnóstico de una enfermedad, la espera no debe ser mayor de 2 meses y, en caso contrario, debe constatarse por escrito que la enfermedad no se agravará durante la espera, y si así ocurre, se denunciará. En la Comunidad de Madrid, el Plan de Reducción de Listas de Espera observa la eliminación técnica de la lista de espera estructural para intervenciones quirúrgicas programadas, de forma que desde el 31 de diciembre de 2005, la demora máxima para estas intervenciones no exceda de treinta días desde su indicación por el médico especialista. No obstante, los sistemas de listas de espera son diferentes en cada comunidad autónoma.

Al interponer una denuncia debemos estar seguros de qué médico es el responsable del hecho, para no denunciar a todo el equipo, ya que entorpece la investigación y se suele archivar de inmediato. Sin embargo, siempre se debe denunciar, junto con el médico, a la clínica, hospital o compañía de seguros, ya que si el médico no responde lo hará el hospital como responsable subsidiario, o el seguro como responsable civil directo.

Es recomendable tener conocimiento de todos los costes del proceso e incluirlos en la indemnización solicitada para que sea la parte contraria quien los asuma en caso de que pierda el pleito. El abogado debe darnos información continuada sobre la marcha de las diligencias y las declaraciones de los médicos, si se hubiesen realizado.

Una vez seguidos estos primeros pasos podemos exigir la responsabilidad de los daños producidos por tres vías diferentes: civil, penal y contencioso-administrativa. Las dos primeras fórmulas son las más utilizadas, aunque la nueva Ley del Contencioso Administrativo, del 14 de enero de 1999, obliga a las personas que hayan sufrido una negligencia médica en un hospital público a acudir a la justicia, bien por la vía penal o bien por la vía contencioso-administrativa.

La vía penal es la más recomendada en casos de fallecimiento o lesiones graves, ya que es rápida y económica. Con ella se persigue la inhabilitación, cárcel para el profesional o una indemnización. Puede ejercitarse contra un centro público o privado y debe iniciarse por medio de denuncia o querella criminal. La acción penal por delito prescribe a los tres años, menos en casos donde la negligencia es leve, que prescribe a los seis meses. Salvo raras excepciones, no existe imposición de costas. El mayor inconveniente de esta vía es el fuerte corporativismo que existe en el sector médico y la reticencia de algunos jueces a condenar penalmente a los facultativos.

Adepa aconseja la vía penal en casos de imprudencia profesional grave cometida por cualquier persona que preste asistencia al paciente y con independencia del resultado, teniendo en cuenta las dificultades para su estimación por los rígidos criterios judiciales en esta vía.

Sin embargo, para casos más leves se suele optar por la vía civil, que si bien es la más cara, también es la más eficaz. En este caso, cuando el paciente gana la demanda recibe únicamente una compensación económica. Esta vía recoge el mayor número de sentencias favorables para el paciente y suele ser la más utilizada en la sanidad privada. El principal problema que presenta es su coste y que si finalmente se demuestra que no ha existido negligencia médica el demandante debe pagar los gastos generados en el proceso.

Si nos encontramos en un centro público con una prestación sanitaria deficiente, como una atención inadecuada o información incompleta, la vía más apropiada es la contencioso-administrativa. En esta vía, sólo se puede obtener una compensación económica y no se ejerce acción alguna contra el médico responsable. El procedimiento se inicia con una reclamación contra la Administración, por Responsabilidad Patrimonial, ante el Servicio de Salud de cada una de las comunidades autónomas con competencias transferidas en materia de sanidad.

Si la reclamación administrativa es desestimada o en un plazo de seis meses la Administración Sanitaria no ha dictado resolución, el perjudicado tiene otros seis meses más para acudir a la vía judicial. El mayor inconveniente de esta vía es la duración del proceso, que aproximadamente no suele ser inferior a tres años hasta que se obtiene una sentencia. La acción prescribe al año, desde la determinación de las secuelas o, en su caso, el fallecimiento.

De cualquier forma, el abogado debe estar pendiente siempre de los plazos legales establecidos para poder abrir una vía distinta una vez agotada judicialmente la que esté en curso, ya que nunca se podrá tener más de una vía abierta. Aunque es importante saber que, incluso después de agotadas todas las posibilidades, podríamos hacernos con una nueva prueba, por ejemplo, un informe médico, que sería suficiente para solicitar la reapertura del caso.

Es necesario armarse de paciencia y tener la convicción de que se trata de un proceso lento. Por ello, Gustavo López-Muñoz y Larraz, doctor en Derecho por la Universidad Complutense y autor de diversas publicaciones sobre negligencias médicas, recomienda en uno de sus libros, El error sanitario, que “nadie se meta en un proceso así si no tiene una fuerza importante, derivada de un sentido grande de justicia y de una convicción moral y necesidad ética de pelear, porque puede durar varios años”, aunque recomienda que nadie se quede sin hacer valer sus derechos.

Por regla general, se registra un mayor número de denuncias en la sanidad privada que en la pública, tal y como apunta la memoria de Adepa, ya que “está menos controlada por la Administración y en ocasiones se contrata a profesionales poco cualificados que realizan malos informes, engordan las facturas o no facilitan la información necesaria”, asegura su presidenta. El mayor miedo de las asociaciones que velan por reducir estos errores es la cantidad de casos que se registran de profesionales no titulados. Por eso, es siempre recomendable exigir la titulación de todo el equipo de quirófano y pedir que en la factura emitida figure el total de lo que hemos pagado.

En caso de negligencia en un centro privado, lo más conveniente es dirigirse, por escrito, al responsable del centro y al causante del daño. Si no está conforme con la respuesta puede acudir a los servicios de su comunidad autónoma o interponer una acción judicial. El plazo de prescripción para presentar la denuncia es de un año desde la fecha de la negligencia.

Los servicios de Traumatología, Ginecología, Cirugía General, Urgencias, Oncología, Ambulancias y Medicina Interna son los que reciben mayor número de denuncias. Más a menudo de lo que quisiéramos, vemos en los medios noticias sobre errores en operaciones de cirugía estética que, en muchos casos, provocan la muerte de sus pacientes. Ejemplo de ello son las 19 muertes registradas en 2004 por intervenciones de reducción de estómago que, lamentablemente, no en todos los casos se llevaron a cabo por cuestiones de salud.

Por ello, es importante tener en cuenta algunas recomendaciones a la hora de someterse a intervenciones de cirugía plástica o estética. Es necesario asegurarse que la clínica está legalizada y cuenta con un equipo de reanimación y UVI, por si surgen complicaciones. Antes de la intervención es adecuado conseguir un documento firmado por el responsable del centro, en el que consten sus datos, el nombre de la sustancia que nos van a administrar, la empresa distribuidora, el número de registro sanitario, etc.

Asimismo, solicitar por escrito los resultados que se pretenden conseguir y pedir fotografías del antes y el después. En este sentido, debe saber que esta cirugía es un contrato de resultados, es decir, siempre se debe quedar mejor de lo que se estaba antes, y la responsabilidad del centro médico es directa, es por ello que podremos demandar tanto al médico como al centro si los resultados no son los esperados.

Otra de las negligencias sanitarias que hace poco ha saltado a los medios de comunicación ha sido la de las infecciones. En concreto, aún recordamos el caso del Hospital de Alcorcón (Madrid), donde ocho pacientes fueron contagiados de Hepatitis C por un error médico. La tendencia cada vez más acusada a la hospitalización precoz, el uso de catéteres, las transfusiones incontroladas y la falta de medidas preventivas o higiénicas han aumentado los casos de estas infecciones hospitalarias.

La patología infecciosa adquirida en centros hospitalarios constituye uno de los mayores problemas de la medicina actual. Al respecto, los tribunales han sentado numerosos criterios en cuanto a la responsabilidad, ya que entienden que una infección adquirida en el hospital, aunque se hayan tomado todas las previsiones posibles, no puede considerarse un hecho ajeno a la actividad del centro médico y éste debe asumir su responsabilidad. Por ello, no nos hallamos ante “fuerza mayor”, que en muchos casos es la causa de desestimación de numerosas denuncias.

En caso de contraer una infección debido a la ausencia de medidas asépticas por parte del centro, recabe toda la información posible para saber si se trata de un brote epidémico y si existen más infectados para contar con sus testimonios y detallar todos los datos que puedan demostrar este hecho.

Además de las largas listas de espera, los servicios de urgencias son los que registran también un alto índice de demandas por error de diagnóstico o negligencias. El colapso de pacientes en esta área suele ser el motivo de una atención incorrecta por parte de los profesionales sanitarios. No obstante, errores humanos llevan en muchas ocasiones a fallos difícilmente reparables, como el ocurrido en el Servicio de Urgencias del Hospital madrileño Severo Ochoa, acusado de mala praxis por sedación irregular.

Por ello, es necesario tener en cuenta algunas medidas que pueden ayudarnos a la hora de acudir a urgencias. Por ejemplo, si llamamos a una ambulancia para acudir a un hospital por un problema de gravedad no debemos esperar más de 15 minutos, en caso contrario avisaremos a la policía y al llegar al hospital dejaremos una reclamación por escrito. Si desgraciadamente el paciente falleciese durante la espera, debemos acudir al juzgado de guardia y presentar una denuncia por denegación de asistencia.

La atención en urgencias no suele permitir la presencia de acompañantes en las pruebas, pero sí cuando el paciente es un anciano, un niño o una persona con discapacidad. En cualquier caso, es obligatorio por parte del servicio dar información continuada del estado del paciente y las pruebas que se le están realizando. Si después de ser valorado, el paciente es mandando a casa pero cree que no está en condiciones de hacerlo, se debe dejar un escrito con nuestra disconformidad del alta. De cualquier modo, no debemos salir de urgencias sin un informe, y guardaremos siempre una copia como posible prueba.

Las demandas por infecciones y negligencias en urgencias son las que más prósperas resultan para el paciente. De hecho, durante 2004, el número de sentencias favorables en esta materia fue en torno al 40%. Tal cifra resulta esperanzadora, teniendo en cuenta el alto índice de trámites que se paran o que tienen resultados negativos por culpa del corporativismo del sector médico. Este fenómeno está muy arraigado y, en ocasiones, no es fácil lograr resultados positivos en las reclamaciones.

“La justicia es pro médico. De cada diez demandas, entre siete y ocho son favorables al médico, porque aún existe el convencimiento moral por parte de los jueces de que el facultativo no ha querido hacer mal al paciente. Y eso les condiciona. Pero el médico, como cualquier profesional, es responsable de sus actos”. Así de tajante se muestra a este respecto el abogado López-Muñoz y Larraz.

Algunos profesionales de la medicina se han manifestando defendiendo la postura de los facultativos, como el jefe de los anestesistas y de la Unidad del Dolor del Hospital Severo Ochoa, Joaquín Insausti, quien alegó en su momento que “hay muchos médicos condenados por errores o equivocaciones, pero nunca se puede presuponer que los médicos hacemos daño con intencionalidad, como dicen algunas asociaciones de pacientes víctimas de negligencias médicas”.

Sin embargo, para López-Muñoz y Larraz “hay una tendencia a pensar que errar es humano y sólo es una disculpa en la que se amparan muchos. No hay que aceptar las equivocaciones, ya que se producen generalmente por negligencias, impericias o imprudencias que son previsibles y evitables”. Para él, un 90% de los errores sanitarios son previsibles, salvo los que son por fuerza mayor o caso fortuito.

Desde la Administración, la actuación a este respecto deja mucho que desear para los defensores de pacientes y especialistas en la materia. La presidenta de Adepa ha criticado la pasividad de la Administración sanitaria para “solventar el deterioro de la asistencia, favoreciendo el descontento de los profesionales sanitarios y sin otorgar la inversión necesaria para hacer frente a una atención de calidad”.

más información ADEPA C/ Carlos Domingo, 5 28047 Madrid Tlf. 91 465 33 22 AVINESA C/ Mayorga, 1 28043 Madrid Tlf. 91 388 91 68

Como apunta el abogado, “la realidad demuestra que hay corporativismo, miedo personal y profesional”. Según el experto, para reducir el índice de negligencias “lo primero es no aceptar el error, y lo segundo combatirlo. Contamos con los elementos y medios para tener una sanidad europea, y las indemnizaciones también deben estar al nivel europeo.” Es un deber social que una víctima de una negligencia médica obtenga una reparación justa y equitativa, y a eso podemos contribuir todos, empezando por denunciar nuestro caso, pues con ello ayudamos a que no se vuelva a repetir.